
Plan International en España ha presentado este jueves 'Nuestros términos y condiciones', un decálogo de propuestas que traslada a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre.
"Las niñas, niños y adolescentes en España representan el 20% de la población, pero sus derechos no están completamente garantizados y tienen pocas posibilidades de participar en las políticas que les afectan, por lo que plantea medidas para cambiar esas condiciones en la nueva legislatura", ha indicado.
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Según ha informado la organización, el decálogo retoma el concepto de 'la letra pequeña', la campaña del Día Internacional de la Niña, para reclamar compromisos de país que permitan los desarrollos normativos y la financiación necesaria para que la educación inclusiva y de calidad, la protección frente a la violencia, la igualdad, la salud y el bienestar emocional, la participación y las oportunidades de futuro estén asegurados para todos los niños, niñas y adolescentes, no sujetos a términos y condiciones injustos y desiguales.
La directora general de Plan International en España, Virginia Saiz, ha afirmado que "en esta campaña se va a hablar mucho de futuro y la infancia es la gran ausente de ese debate, porque no vota". "Pero se verá afectada por cada decisión que se tome en el Congreso, desde las políticas de vivienda a las que regulan el entorno digital, porque todas afectan a la infancia", ha explicado.
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"Las niñas, los niños y los adolescentes no pueden depositar una papeleta el 29 de noviembre, y precisamente por eso sus derechos no pueden quedar relegados en la campaña ni en la nueva legislatura. Lo que pedimos a quien gobierne es que firme estos términos sin asteriscos, para que la letra pequeña deje de decidir el futuro de millones de niñas y niños en nuestro país", ha señalado Saiz.
DE LA POBREZA INFANTIL AL DESEMPLEO JUVENIL
Las primeras propuestas se centran en la pobreza infantil. Plan International pide prestaciones generalizadas de ayuda a la crianza que tengan en cuenta el riesgo de pobreza y exclusión en la adolescencia, junto con apoyo específico para adolescentes y jóvenes en situación de especial vulnerabilidad.
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En educación, reclama reforzar las becas y ayudas que garantizan la continuidad educativa, una implantación real de la educación afectivo-sexual en todo el territorio y la incorporación al currículo de la educación digital para un uso seguro, ético y responsable de la tecnología.
Por otro lado, la organización plantea incentivar la contratación juvenil con contratos estables y en condiciones dignas, impulsar políticas de inserción sociolaboral para jóvenes vulnerables y reforzar las políticas de vivienda con enfoque de infancia y juventud.
PROTECCIÓN DENTRO Y FUERA DE LAS REDES
En materia de protección de la infancia frente a la violencia, Plan International reclama procesos de denuncia más ágiles y una respuesta judicial especializada, así como ampliar los protocolos de violencia de género para que incorporen la violencia sexual y la digital. Propone, además, fortalecer los recursos especializados de atención a adolescentes víctimas de violencia.
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La organización pide la aprobación urgente de la Ley de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales y que niñas, niños y adolescentes participen en la elaboración de las políticas públicas que les afectan en ese ámbito.
La hoja de ruta incluye reforzar la red de salud mental infanto-juvenil y establecer una formación obligatoria y periódica para el personal sanitario y de servicios sociales en diversidad sexual y de género y en la detección y acompañamiento de situaciones de riesgo.
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En el tiempo libre, propone un acceso equitativo y gratuito a actividades culturales, deportivas y recreativas públicas e inclusivas, con profesionales de la educación no formal formados en perspectiva de género y detección de violencias.
DERECHO A LA ASOCIACIÓN
Plan International plantea además reformar el marco legal del derecho de asociación para que niñas y niños puedan crear y promover sus propias asociaciones de forma autónoma, que los órganos de participación juvenil intervengan directamente en el diseño de los planes y campañas que les afectan y que estos procesos incorporen canales digitales.
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Ante la crisis climática, la organización pide incorporar los derechos de la infancia y el enfoque de género a las políticas de adaptación, planificar la continuidad educativa ante cualquier emergencia y adaptar los centros educativos y otros espacios infantiles y juveniles.
Por último, el decálogo reclama fortalecer la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria con una senda de financiación progresiva hacia el 0,7% de la Renta Nacional Bruta como Ayuda Oficial al Desarrollo. De ese total, al menos un 2 % debería tener la igualdad de género como objetivo principal y un 10% destinarse a la acción humanitaria.
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