
Amnistía Internacional ha reclamado este jueves una investigación "inmediata, imparcial y exhaustiva" sobre el secuestro del abogado Abshir Ahmedsadak Abdi, residente en la capital de Kenia, Nairobi, que ha sido localizado este jueves abandonado en la ciudad Isiolo, en el centro-norte del país, tras doce días en paradero desconocido.
La organización ha manifestado su preocupación por las circunstancias de la desaparición del letrado y ha instado a las autoridades a esclarecer los sucedido durante su secuestro y a identificar a todos los implicados, a fin de llevar ante la Justicia a los responsables.
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"Este caso no debe convertirse en otra estadística más de la creciente lista de secuestros y desapariciones forzadas sin resolver en Kenia", ha advertido Amnistía Internacional, que considera imprescindible preservar y examinar todas las pruebas, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad.
La ONG ha reclamado al Servicio Nacional de Policía (NPS) y a la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA) que garanticen "investigaciones eficaces", y ha demandado a la Fiscalía General (ODPP) que impulse actuaciones judiciales sustentadas en pruebas creíbles, asegurándose de que que los sospechosos comparecen ante los tribunales.
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Asimismo, ha solicitado que tanto Abdi como sus familiares reciban información periódica sobre el desarrollo de las pesquisas, que se proteja a los testigos y otros colaboradores ante posibles represalias y que se depuren responsabilidades, también entre quienes pudieran haber facilitado el secuestro.
Así las cosas, ha alertado de que la falta de resultados públicos y de rendición de cuentas en casos anteriores alimenta la impunidad y el temor entre la población. En este sentido, ha subrayado que "nadie está por encima de la ley" y que las autoridades deben demostrar que estos delitos no serán tolerados.
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"Las autoridades kenianas tienen la obligación de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción frente a las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, investigar eficazmente las denuncias y garantizar a las víctimas y a sus familias el acceso a la justicia y a recursos efectivos", ha concluido la ONG.
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