Destapan una red de corrupción y mafia en contratación pública en municipios de Nápoles

Roma, 10 nov (EFE).- Trece personas han sido detenidas en Nápoles (sur de Italia) acusadas de una trama de corrupción con infiltración de un clan de la Camorra en procesos de contratación pública de varios municipios de la provincia, una red en la que están involucrados políticos locales, funcionarios y empresarios, informó este martes la Guardia di Finanza (policía financiera) italiana.

La Dirección Antimafia de Nápoles ha sido la encargada de dirigir esta investigación que por el momento ha supuesto prisión preventiva para nueve acusados, entre ellos Tommaso Casillo, exsenador, vicepresidente del Consejo de Campania y presidente de la agencia central pública de contratación de esa región, según publican medios locales.

Otros cuatro acusados se encuentran en arresto domiciliario. Los detenidos son sospechosos de asociación mafiosa, colaboración con asociación mafiosa, corrupción, alteración de la libertad de licitaciones y del procedimiento de selección del contratista, tentativa de extorsión agravada, así como emisión de facturas por operaciones inexistentes.

Según la Guardia de Finanza, varios de estos delitos habrían sido cometidos con método mafioso, aprovechando la fuerza de intimidación del clan camorrista Veneruso o para favorecer a dicha organización criminal, arraigada en los territorios de Volla, Casalnuovo, Nápoles-Ponticelli y la zona oriental de Nápoles (sur de Italia).

La investigación ha evidenciado la existencia de un mecanismo de facturación falsa con el propósito de generar fondos ocultos para la trama integrada por miembros del clan Veneruso, funcionarios públicos y empresarios de los sectores ambiental y sanitario.

En concreto, las pesquisas se centraron en licitaciones y adjudicaciones irregulares en áreas como gestión de residuos, mantenimiento de áreas verdes públicas, seguridad laboral o recaudación de tributos locales.

También se han descubierto acuerdos ilícitos relacionados con el sector sanitario regional, destinados a favorecer a determinadas empresas, en el marco de una licitación para el alquiler de camillas y en la adjudicación de otros servicios.

El juez de instrucción ha dispuesto además el embargo preventivo de las participaciones societarias y de la empresa de una sociedad con sede en Volla. EFE