La CIJ dictará sentencia por presunto genocidio de Birmania contra los rohingyas el 19 de noviembre

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinará el próximo 19 de noviembre si las autoridades de Birmania han cometido genocidio contra la comunidad rohingya, en el caso abierto desde 2019, tras una solicitud de Gambia de noviembre de ese año cuando denunció que el Ejército y otras fuerzas de seguridad del país asiático han llevado a cabo "operaciones de limpieza generalizadas y sistemáticas" contra esta minoría predominantemente musulmana desde 2016.

El máximo tribunal de Naciones Unidas ha anunciado este martes la fecha en la que dictará sentencia en el caso relativo a la "aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio" de 1948, solicitado por el Gobierno de Gambia y en el que han intervenido hasta once Estados.

La corte ha recordado que ya ordenó en enero de 2020 a Birmania que adoptara "todas las medidas" necesarias para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría rohinghya después de que el país africano pidiera medidas cautelares a la espera de un veredicto definitivo.

Human Rights Watch (HRW), que ha recordado que no se trata de un proceso penal "contra personas concretas, sino de una solicitud de que se determine jurídicamente la responsabilidad del Estado" de Birmania por genocidio, ha señalado que el fallo de la CIJ "marcará un momento crucial en la lucha de los rohingya por la justicia".

"La sentencia también servirá como un claro recordatorio de que la opresión de los rohingya continúa, y de que los países que respetan los Derechos Humanos deben actuar con decisión para apoyarlos, promover la justicia por las atrocidades cometidas y garantizar su retorno seguro y voluntario", ha declarado María Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de la ONG.

La antigua líder 'de facto' y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi --otrora considerada como un símbolo de la lucha por la democracia y los Derechos Humanos-- fue duramente criticada por la sangrienta campaña de represión con la que el Ejército birmano respondió en agosto de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine.

Como resultado de la misma, más de 700.000 miembros de la minoría musulmana rohingya, a los que Birmania no reconoce como ciudadanos, se refugiaron en el vecino Bangladesh. Una comisión de investigación de Naciones Unidas llegó a la conclusión un año después de que las tropas birmanas tuvieron una "intención genocida en su respuesta contra el Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA).

Suu Kyi sí reconoció los excesos cometidos por las fuerzas birmanas, si bien tachó de "engañosa" la acusación de genocidio de Gambia. El Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas reza que todos los estados miembro deben acatar las decisiones de la CIJ.