SIP alerta de presiones judiciales, económicas y legislativas contra la prensa en Panamá

Bogotá/Ciudad de Panamá, 25 oct (EFE).- Demandas millonarias, dificultades de acceso a fuentes oficiales, amenazas contra periodistas e iniciativas legislativas cuestionadas dibujan un panorama de preocupación para la libertad de prensa en Panamá, según advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En un informe presentado en el marco de su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, el diagnóstico advierte sobre las dificultades de algunos medios para acceder a funcionarios de alto rango y las denuncias de que determinados servidores públicos han recibido instrucciones de no hablar con sus periodistas.

A ello se suma el progresivo distanciamiento de las conferencias de prensa semanales del presidente panameño, José Raúl Mulino, celebrada por última vez el pasado 18 de junio.

Entre las principales preocupaciones figura la distribución de la publicidad oficial.

Los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá, dos de los medios de mayor circulación nacional y tráfico digital, han denunciado un supuesto bloqueo del Gobierno central en la asignación de estos recursos, que, según sus señalamientos, favorecen a medios con líneas editoriales más afines a la Administración.

En el ámbito legislativo, el documento cuestiona el mantenimiento del artículo 539 dentro del proyecto de reforma al Código Electoral que se discute en la Asamblea Nacional con miras a las elecciones de 2029.

La disposición sanciona la denominada “manipulación masiva” en medios digitales con penas de prisión y, según el informe, su redacción ambigua podría dar lugar a interpretaciones subjetivas sobre conceptos como noticias falsas y desinformación.

Asimismo, recoge las objeciones de los gremios periodísticos a un proyecto de ley sobre el derecho de réplica, que convertiría un principio de ética y autorregulación en un mecanismo sujeto a sanciones judiciales. Aunque la iniciativa regresó a primer debate, no ha sido retirada por su proponente.

Otra de las propuestas cuestionadas es el anteproyecto de ley 51, que plantea modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial.

 El informe reconoce la preocupación por los ‘deepfakes’ y la suplantación digital, pero reconoce sobre el riesgo de que estas normas se utilicen para limitar la crítica y la fiscalización de los funcionarios públicos.

La situación judicial de los medios constituye otro de los ejes del documento. La Corporación La Prensa (Corprensa) afronta actualmente 12 procesos que representan reclamaciones económicas por aproximadamente 12,5 millones de dólares, según el informe.

Entre los casos figura una demanda civil de 5,5 millones de dólares presentada en 2012 por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. Un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corprensa y condenó al medio a pagar cinco mil dólares por daño moral, una decisión que está en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, según el informe, permanece vigente una demanda civil por calumnia e injuria presentada por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, con una compensación de 2,5 millones de dólares.

El documento también menciona una nueva querella penal presentada por el expresidente Ricardo Martinelli -asilado en Colombia desde mayo de 2025- contra Corprensa y el periodista Rolando Rodríguez, acompañada de una reclamación civil de un millón de dólares. A esta se suman demandas de particulares y empresas.

Además, el análisis señala que permanece pendiente de fallo en primera instancia la demanda civil presentada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) contra La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas, por 1 millón de dólares, por presuntos daños al honor y a la seguridad económica. La acción se originó en una publicación relacionada con el cierre de cuentas bancarias del sindicato por parte de la estatal Caja de Ahorros. EFE