Tras 12 años, nuevas pistas de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa en Guerrero, en el sur de México, hace 12 años, sigue sin resolverse, aunque el actual gobierno sumó esta semana nuevas pistas a la larga investigación de un caso emblemático que ilustra la crisis de desaparecidos del país.

Pero ni el actual ni los dos gobiernos anteriores han podido responder qué pasó aquella noche del 26 de septiembre de 2014, al tiempo que las familias siguen demandando que se investigue a fondo la participación del Ejército en los hechos.

Cinco claves para entender el caso y sus nuevas pistas:

Un nuevo análisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió a las autoridades mexicanas identificar a 17 personas que no habían sido investigadas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) al presentar un informe tras el duodécimo aniversario del caso.

Las llamadas revelaron conexiones entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías, funcionarios y personas relacionadas con funerarias.

Los hallazgos llegan tras 12 años de investigaciones y cientos de detenciones, tres gobiernos federales después.

Al día de hoy, no existe una sentencia condenatoria por la desaparición de los 43 estudiantes, según ha recordado el abogado de los familiares, Isidoro Vicario, en distintas entrevistas y actividades previas a la conmemoración por el aniversario de la desaparición.

De 2014 a septiembre de 2024, el caso acumulaba 404 órdenes de aprehensión y 248 detenidos, de los que 97 habían quedado absueltos y 151 seguían sujetos a juicio, según el Tercer Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Desde octubre de 2024 hasta hoy, la Fiscalía reportó 168 personas procesadas, 130 de ellas en prisión, y 30 detenciones.

Entre los absueltos está José Luis Abarca, quien fue alcalde del municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, cuando desaparecieron los estudiantes. Aunque permanece preso por otros delitos, en 2025 consiguió la absolución por el secuestro de los 43.

En contraste, el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre quedó detenido en agosto pasado y vinculado a proceso por desaparición forzada y ocultamiento de pruebas, y permanece en prisión preventiva.

La Fiscalía también retomó hipótesis previas como la posibilidad de que 17 de los estudiantes fueron llevados a la comandancia de la policía municipal de Iguala antes de que se perdiera su rastro.

El nuevo análisis telefónico detectó además que algunos celulares de los estudiantes siguieron activos días después.

El teléfono de Julio César Mondragón, por ejemplo, habría sido utilizado por el dueño de la Funeraria El Ángel, donde la Fiscalía halló restos óseos y un presunto crematorio clandestino.

Sin embargo, los restos analizados hasta ahora no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes.

Para los padres y madres de los estudiantes, la hipótesis de la funeraria es "poco probable" y el último informe de la Fiscalía no presentó avances, según el abogado de los familiares.

Al mismo tiempo, los familiares mantienen la exigencia de que el Ejército permita la apertura de los 800 folios de información sobre lo que sucedió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La Secretaría de la Defensa no ha cedido a las peticiones pese a que, de acuerdo con las investigaciones del caso, integrantes del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, vigilaron los movimientos de los estudiantes y tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos aquella noche. EFE