Diseño seguro, verificación y multas: así será la ley europea para menores en internet

Bruselas, 17 sep (EFE).- La Comisión Europea propuso este jueves su esperada Ley KIDS, que prohíbe a los menores de 13 años el acceso a redes sociales y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño en la Unión Europea (UE).

La norma establece el acceso tutelado antes de los 13 años, minicuentas parentales de los 13 a los 15 y cuenta autónoma a partir de esa edad, y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño, en un cambio respecto al régimen actual de la Ley de Servicios Digitales (DSA), donde es la Comisión quien debe demostrar el incumplimiento.

El esquema por tramos responde a lo que el informe del panel de expertos convocado por Bruselas identifica como la "zona crítica" de mayor vulnerabilidad psicológica en los adolescentes, según explicaron hoy fuentes comunitarias.

Ese tramo coincide con la "formación de la identidad y la reactividad emocional"; a partir de los 15 años, la capacidad de autorregulación aumenta y el riesgo desciende de forma gradual.

Los tutores podrán fijar límites de tiempo, aprobar contactos y denunciar contenido, pero no podrán acceder a las conversaciones privadas del menor, quien será informado cuando las herramientas de control estén activas, para evitar vigilancia encubierta.

La Comisión descartó expresamente un veto total como el aplicado en Australia a los menores de 16 años, al que fuentes comunitarias calificaron de "poco realista y sin margen para una exposición progresiva a la vida digital".

El enfoque europeo combina, en cambio, la restricción de acceso con obligaciones de diseño seguro, que se aplican a todos los menores de 18 años.

Prohíben el diseño adictivo orientado a maximizar el enganche, incluidos rachas de uso diario ("streaks"), mecanismos de recompensa y notificaciones diseñadas para recuperar la atención del usuario, los 'feeds' interminables, y los filtros que alteran la apariencia física y alimentan la comparación social, así como las transacciones económicas opacas -extendido a 'chatbots' de IA y, en el caso del diseño adictivo, a videojuegos-.

Además, obligan a incorporar herramientas de gestión del tiempo que protejan las horas de sueño y el horario escolar, ajustes por defecto al máximo nivel de privacidad y seguridad, herramientas para tutores y mecanismos de garantía para los menores, como sistemas de denuncia y reclamación.

Las plataformas podrán recurrir tanto a la futura cartera digital europea, que todos los Estados miembros deberán tener operativa antes de que finalice el año, como a soluciones privadas de terceros, siempre que estén certificadas y cumplan el estándar de prueba de conocimiento cero ('zero-knowledge proof'), que permite confirmar que un usuario supera una edad determinada sin que la plataforma reciba ningún otro dato personal.

Según fuentes comunitarias, una veintena están en buena vía para cumplir el plazo de fin de año y la Comisión trabaja estrechamente con los siete restantes para acelerar el proceso.

Al ser un reglamento de armonización máxima, ninguna ley nacional podrá mantener reglas distintas. La Comisión supervisará directamente solo a las plataformas de muy gran tamaño (45 millones de usuarios, umbral DSA); el resto queda con los reguladores nacionales.

Las infractoras podrán ser multadas con hasta el 6 % de su facturación global, el tope que rige bajo la DSA.

La patronal CCIA Europa, que representa a Meta, Google y Amazon, advirtió de que la propuesta "crea nuevos riesgos serios de privacidad" y generará "obligaciones contradictorias" con otras normas europeas.

En cambio, la ONG 5Rights Foundation reclamó extender las obligaciones "por igual" a la IA y la tecnología educativa "mediante obligaciones legales, no autorregulación".

La presidenta del grupo socialista en la Eurocámara, Iratxe García, la calificó de "buen primer paso" que debe completarse con la futura Ley de Equidad Digital.

No obstante, la eurodiputada conservadora Lara Magoni (ECR) criticó la armonización de la edad mínima: "No hay ninguna razón para que Bruselas imponga el mismo modelo a cada familia y país de Europa".

Fuentes comunitarias estimaron que la negociación entre el Parlamento y el Consejo tardará entre ocho y doce meses; la norma se aplicará seis meses después de su aprobación. EFE