Dentro de la lucha contra mafias del Mediterráneo: éxtasis a África, migrantes a España

Imane Rachidi

Almería (España), 7 ago (EFE).- Son las cinco de la madrugada cuando varios vehículos de la Policía Nacional avanzan por una carretera secundaria hacia una vivienda familiar de la costa mediterránea española; un dron sobrevuela la zona y agentes de los GEO toman posiciones: es la operación para desmantelar una de las mayores redes de tráfico de personas y drogas en España.

Un perro ladra al fondo de la silenciosa madrugada de este pueblo almeriense, y dos personas aparecen con las manos en alto y ligeros de ropa tras la ventana; intercambian palabras a gritos con los agentes; y minutos después, la puerta cede y comienza el registro.

EFE acompaña a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), la Guardia Civil y Europol en la Operación Salem para desmantelar una de las mafias que cada verano intensifican su actividad en el Mediterráneo, vinculada al crimen organizado de la "Mocro Mafia", en Países Bajos y Bélgica, y al "Milieu marseillais", en Francia.

La operación culmina con 78 detenidos en España y Argelia, cuatro de ellos altos responsables, y 18 embarcaciones de tres y cuatro motores -valoradas en más de 5 millones de euros- incautadas, además de armas, munición, drogas y tecnología especializada.

Para llegar hasta ese resultado, los agentes han acumulado meses de estrés, y años de investigaciones; los últimos detalles se han coordinado hasta bien entrada la noche anterior: los registros deben ejecutarse de forma simultánea en distintos puntos del litoral para evitar fugas de información y maximizar las posibilidades de detención.

El inspector Daniel Ortiz explica a EFE que estas organizaciones "son multidelincuenciales": además de seres humanos, participan en tráfico de drogas, explosivos y armas, prófugos, así como robos con fuerza, sicariato, contrabando, y blanqueo de capitales.

"Introducían droga de síntesis principalmente en Argelia, en el trayecto de ida y, en el de vuelta, trasladaban a migrantes irregulares de Argelia a España", explica Ortiz. Son más de 50 migrantes por viaje, a 12.000 euros cada uno, con beneficios de más de 24 millones de euros solo por tráfico de personas.

El registro que presencia EFE busca a uno de los cabecillas: es joven y difícil de localizar, cambia constantemente de domicilio y rara vez pasa varias noches seguidas en el mismo lugar, y los agentes han elegido la vivienda de sus padres para intentar detenerlo.

"Siempre empezamos por los perfiles criminales de más rango" porque cuando el golpe es “a nivel muy alto, se desarticula” a estas organizaciones y necesitan tiempo para reconstruir sus contactos, su logística y su estructura, señala Ortiz.

Esta tiene su base operativa en España (Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza) y otros países europeos; sus principales dirigentes, principalmente argelinos, residían en Francia y Bélgica.

Mientras la secretaria judicial lee los motivos del registro -presunta pertenencia a organización criminal, entre otros-, los policías revisan habitaciones, garaje, contenedores, un coche y hasta un pequeño gallinero, usando un detector de metales, mientras se escuchan persianas levantándose.

Bajo unos olivos, dos perros observan indiferentes el despliegue policial. Mucho más alterado está uno de los hermanos del sospechoso, que grita e insulta a los agentes, hasta que finalmente termina colaborando al quedar claro que tiene una orden de detención por narcotráfico.

La escena es solo una pequeña pieza de una amplia investigación que comenzó en 2023 contra unas redes que, según la Policía Nacional, han evolucionado rápidamente estos años.

Según el inspector, funcionan con lógica empresarial, cada integrante tiene una función: unos suministran o cuidan las embarcaciones, otros el repostaje, otros esconden a los migrantes en pisos tras su llegada o coordinan la logística, otros gestionan el transporte por tierra.

Las pequeñas pateras han dado paso a narcolanchas de alta velocidad prohibidas en España, e incluso se adquieren motores y embarcaciones en Portugal para dificultar el seguimiento policial.

Esta red controlaba una flota completa de embarcaciones que incluían “narcolanchas fantasmas” para realizar entregas de mercancía en alta mar, en aguas internacionales cerca de la costa.

Ortiz explica que, a diferencia del narcotráfico, el tráfico de personas requiere una infraestructura menor. "El pago es por adelantado en el país de origen, con lo cual el beneficio ya lo tiene la organización", señala.

Si detectan presencia policial, los pilotos incluso lanzan a los migrantes al agua y consideran completado el servicio; para evitar la incautación de lanchas o motores recurren a maniobras evasivas a gran velocidad e incluso a la resistencia armada.

Según el inspector, muchos miembros de estas redes comienzan como pilotos o transportistas de combustible y ascienden rápido; los líderes tienen entre 25 y 35 años, en su mayoría hombres del norte de Argelia con experiencia en el mar.

Las mujeres, añade, se encargan de la gestión financiera mediante el sistema informal de hawala, pagos en efectivo sin movimientos bancarios.

En su persecución de estas redes, que aprovechan la desesperación de personas migrantes por llegar a Europa, Ortiz insiste en distinguir a las mafias de los migrantes que pagan por cruzar el Mediterráneo.

"Para nosotros son víctimas", afirma. Muchos, relata, llegan tras haber sufrido secuestros, abusos físicos, extorsiones o agresiones sexuales durante su recorrido por África y mientras esperan semanas en asentamientos precarios sin agua ni comida antes de embarcar.

Después cruzan el mar en condiciones extremadamente peligrosas, sin chalecos salvavidas, de noche, y, en ocasiones, con pilotos bajo los efectos de las drogas y en condiciones meteorológicas adversas. "Es un verdadero drama", resume. EFE

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