Avanza el proceso para el intercambio de 1.700 prisioneros y detenidos en Yemen

Saná, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Yemen internacionalmente reconocido y los rebeldes chiíes hutíes ultiman los preparativos para un intercambio masivo de más de 1.700 prisioneros y detenidos, una medida considerada un paso para reactivar el estancado proceso de paz en el país.

Fuentes cercanas al proceso indicaron a EFE que este intercambio planificado será uno de los mayores desde que comenzó la guerra civil en 2014, en un contexto donde los esfuerzos globales buscan respaldar la reanudación de las conversaciones de paz.

Históricamente, estos canjes, bajo el paraguas del Acuerdo de Estocolmo de 2018, han servido como herramienta política y humanitaria vinculada a treguas, aunque su ejecución ha sido lenta por disputas sobre las listas de presos.

Tras los hitos de 2020 y 2023, que incluyeron a combatientes y perfiles políticos sensibles, esta nueva fase busca aliviar a las familias y desescalar el conflicto.

En paralelo a los preparativos, una comisión conjunta comenzó este jueves en Saná a examinar el cuerpo del destacado político yemení Muhammad Qahtan para determinar la causa de su muerte tras permanecer años bajo detención hutí.

Este comité incluye a un representante de la delegación del Gobierno para las negociaciones de prisioneros, un representante de la familia de Qahtan, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de los propios hutíes.

El exámen médico se produce en cumplimiento de un acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo entre el Gobierno y los hutíes, que incluía la entrega del cuerpo del político con el fin de permitir una investigación forense.

El objetivo es establecer la causa de su muerte y evaluar la afirmación del grupo rebelde de que el político murió en 2015 debido a un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí contra el lugar donde estaba retenido.

Qahtan, uno de los políticos más conocidos del Yemen y alto dirigente del partido Al Islah -brazo político yemení de los Hermanos Musulmanes-, desapareció en abril de 2015 tras ser puesto bajo arresto domiciliario por las fuerzas hutíes en Saná durante las primeras semanas de conflicto.

Su destino permaneció desconocido durante años a pesar de las demandas de su familia, el Gobierno y Naciones Unidas.

Su caso se convirtió en uno de los casos de detención no resueltos más prominentes de la guerra y en un punto de discordia recurrente durante las negociaciones de intercambio respaldadas por la ONU, debido a que los hutíes se habían resistido históricamente a incluirlo en acuerdos previos a pesar de que el Gobierno insistía en que su liberación era una prioridad. EFE