IU pide que España no ratifique el acuerdo UE-Mercosur y lanza una iniciativa para garantizar precios justos al campo

Izquierda Unida ha pedido este miércoles que España no ratifique el acuerdo UE-Mercosur, que considera "lesivo" para los intereses del campo español y europeo, y ha anunciado una iniciativa para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar precios justos a los productores del sector primario.

En declaraciones en el Congreso, el portavoz de Agricultura de Sumar, Toni Valero, ha situado los tratados de libre comercio entre las grandes amenazas para el campo, "donde el Mercosur juega un papel fundamental". A su juicio, se trata de un acuerdo "propiciado, auspiciado, empujado" por PP y PSOE, que contraviene los objetivos climáticos y establece unas reglas en las que "siempre ganan las multinacionales y pierden los agricultores profesionales".

Valero ha esgrimido que las cláusulas de salvaguarda son "una estafa", porque son "inaplicables, temporales y llegan tarde", y ha afirmado que su propia invocación supone reconocer que Mercosur es "una amenaza". "Nuestro país no debe ratificar este tratado", ha defendido, al considerar que es perjudicial para el campo español y europeo.

El acuerdo UE-Mercosur se articula en dos instrumentos jurídicos: un Acuerdo Comercial Interino, que se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo y recoge las materias comerciales, y un Acuerdo de Asociación más amplio. Este último entrará plenamente en vigor cuando todos los Estados miembros y las partes de Mercosur hayan completado su ratificación, por lo que España tendrá que ratificar ese acuerdo completo.

DETERMINAR EL PRECIO DEL COSTE MÍNIMO DE PRODUCCIÓN

Por su parte, la responsable federal del Área Institucional de IU, Henar Moreno, ha explicado que la iniciativa ya se ha presentado en el Parlamento de La Rioja y que busca tomar "medidas concretas y quirúrgicas" ante la crisis de la agricultura "social y profesional".

La propuesta plantea modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para reforzar las sanciones, determinar el precio a partir del coste mínimo de producción, contemplar el incremento de los insumos y evitar que quienes incumplen la ley salgan beneficiados, incorporando también indemnizaciones al agricultor por lucro cesante.

Por último, coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido que esta iniciativa tiene que ver con un modelo productivo que determina la configuración poblacional y territorial de España, y ha advertido de que se trata de un debate que no tiene "todo el protagonismo" que debería pese a las consecuencias que puede tener para la población rural, el equilibrio territorial y la migración interna dentro del país.