La Fiscalía de Brasil transmite al Supremo que no ve falta grave en el hallazgo de un arma de Bolsonaro

La Fiscalía de Brasil ha comunicado al Supremo Tribunal Federal (STF) que la incautación de un arma de propiedad del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) en manos de uno de sus guardaespaldas no constituye una falta grave para afectar a la renovación del régimen de arresto domiciliario del exmandatario, sentenciado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado que lideró contra el actual inquilino del palacio del Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La clasificación de un delito como grave requiere más que la mera subsunción del hecho a la norma; exige un análisis de los impactos de la conducta ilícita en el ordenamiento jurídico y en el objeto y la finalidad de la ejecución penal", ha señalado el fiscal general, Paulo Gonet, en un comunicado recogido por la agencia Brasil de noticias.

El fiscal ha respondido así a la petición del juez del Supremo Alexandre de Moraes, que le había dado a su departamento un plazo de 48 horas para comunicar su postura en este caso al estimar el magistrado que el expresidente podría haber cometido un delito grave durante su arresto domiciliario, considerando que la Ley de Ejecución Penal (LEP) define como delito grave "la posesión ilícita de un instrumento capaz de dañar la integridad física de otra persona".

Bolsonaro, cuyo régimen de arresto domiciliario concluía este jueves, declaró el martes ante la Policía Civil del Distrito Federal y confirmó la propiedad del arma. En su comparecencia, el condenado a más de 27 años de prisión alegó que "tenía tres mujeres (su esposa, Michelle Bolsonaro, su hijastra y su hija) en casa y no podía estar desarmado",

El caso tiene su raíz en un control realizado la pasada semana en la capital del país, Brasilia, donde las autoridades detuvieron a un guardaespaldas del expresidente que transportaba un arma perteneciente a Bolsonaro y que, según alegó el militar, iba a ser llevada a reparar, una intención sobre la que el juez Moraes exigió explicaciones al producirse "en vísperas del fin del período de 90 días de arresto domiciliario".