HRW insta a líderes de Tigré a eliminar reclutamiento forzoso y pena capital a disidentes

Nairobi, 23 jun (EFE).- Human Rights Watch (HRW) instó este martes a las autoridades de la rebelde región etíope de Tigré (norte) a retirar una proclamación aprobada a principios de junio que les permite imponer el servicio militar obligatorio y castigar con prisión o pena de muerte a la disidencia, en medio de las tensiones por un nuevo conflicto armado con el Gobierno federal de Etiopía.

Según HRW, los líderes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FLPT) pusieron en marcha una campaña de conscripción forzosa que incluye redadas puerta a puerta y el reclutamiento de menores de edad.

"La nueva proclamación (...) aprobada, según se informa sin escrutinio público, establece un marco para la movilización militar obligatoria para aquellos cuya 'salud y edad lo permitan'", indicó la organización humanitaria en un comunicado.

La ONG afirmó haber recibido informes de que las autoridades locales y las fuerzas de seguridad de Tigré están castigando a los padres y a los hijos pequeños de quienes evaden la movilización.

“Como consecuencia, las personas que temen el reclutamiento forzoso y una reanudación de las hostilidades han estado huyendo de la región”, añadió el documento.

La proclama también impuso la pena de muerte para una serie de delitos, que HRW calificó como “vagos o amplios”, entre los que se encuentran causar daños o perjuicios a los suministros de defensa, amenazar la paz y la seguridad de Tigré, colaborar con el enemigo, menoscabar o disolver la unidad y el territorio, independientemente de la ciudadanía.

La normativa también prevé penas de prisión de hasta 25 años para quienes critiquen o defiendan la resistencia a la campaña de reclutamiento con multas de hasta 50.000 birrs etíopes (unos 275 euros) a quienes evadan las órdenes de movilización o deserten del servicio.

"as autoridades de Tigré no deberían obligar a la vulnerable población de la región a apoyar su causa militar ni exponerla a nuevos abusos. Los gobiernos preocupados por la situación deben utilizar su influencia ahora para ayudar a prevenir un nuevo ciclo de atrocidades" dijo la directora adjunta para África de HRW, Laetitia Bader.

El conflicto armado comenzó en noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FLPT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El FPLT reinstauró en mayo pasado el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, suspendido durante los últimos años, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la administración provisional tigrayana establecida mediante el Acuerdo de Pretoria, firmado en la capital sudafricana en noviembre de 2022 para poner fin al conflicto.

La guerra ha causado al menos 600.000 pmuertos, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Desde 2025, el Gobierno federal y el FLPT mantienen disputas sobre cómo aplicar la tregua y gobernar la región, donde cada parte acusa a la otra de movilizar fuerzas armadas. EFE