Suiza reforma su ley bancaria, que endurecerá las exigencias de capital para UBS

Ginebra, 22 abr (EFE).- El Gobierno suizo anunció este miércoles, tras meses de especulaciones, una reforma de la ley bancaria que exigirá a las entidades de importancia sistémica —sólo UBS en la actualidad— que cubran mediante fondos propios básicos la totalidad de sus participaciones en filiales extranjeras.

La nueva regulación, indicó el gobierno en un comunicado, aumentará los fondos propios básicos (CET1) de UBS en alrededor de 20.000 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros), y la ratio entre el capital principal del banco y los activos ponderados por riesgo se elevará al 15,5 %, lo que según las autoridades se sitúa en línea con lo exigido en otros mercados financieros.

Actualmente, la ratio de UBS es del 14,4 %, y los directivos de la entidad temían que pudiera superar el 18 %, lo que, según ellos, reduciría la competitividad del banco frente a otras entidades del sector financiero global.

La medida, anunciada durante la reunión semanal del Ejecutivo helvético, es "menos estricta de lo previsto" y su objetivo es evitar crisis como la que dejó a Credit Suisse al borde de la quiebra en 2023 y obligó a que UBS lo comprara, a petición del propio Gobierno suizo y con ayuda financiera de este.

"Se trata de reducir la probabilidad de un procedimiento de liquidación (quiebra) y, por tanto, de reforzar la estabilidad de los bancos de importancia sistémica a escala internacional, así como la del sector financiero suizo", detalló la nota gubernamental, que reconoció expresamente que, por ahora, la medida sólo tendrá consecuencias significativas para UBS.

El Ejecutivo señaló que hasta ahora los grandes bancos en Suiza podían financiar aproximadamente la mitad de sus participaciones en filiales extranjeras con capital ajeno, pero ahora tendrán que hacerlo íntegramente con fondos propios.

"Los riesgos serán asumidos por los accionistas y no por los contribuyentes", resumió el Gobierno, afirmando que la solución propuesta cuenta con el apoyo del Banco Nacional Suizo (BNS) y la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), claves hace tres años en la resolución de la crisis de Credit Suisse.

En cambio, agregó el comunicado oficial, no se dictarán otras medidas que también se habían considerado, como diferenciar operaciones nacionales de las entidades de sus actividades en Estados Unidos, o modificar las disposiciones a los instrumentos de capital AT1.

Esos bonos AT1 fueron claves en la crisis de Credit Suisse, pues fueron reducidos a cero para reducir sensiblemente el coste para UBS de la adquisición de su rival, lo que perjudicó a muchos bonistas que actualmente litigan contra las autoridades suizas por ello.

La reforma bancaria suiza para prevenir nuevas crisis como la de Credit Suisse ha generado un intenso debate en la prensa económica, con rumores de que UBS había llegado a amenazar con dejar su sede central en Zúrich y trasladarse al extranjero si las nuevas exigencias eran muy duras.

En la asamblea de accionistas de hace una semana, el presidente de la entidad, Colm Kelleher, aseguró que UBS deseaba mantener su sede en Suiza, aunque también advirtió que el banco podría verse obligado a adoptar "decisiones empresariales clave" si las nuevas exigencias de capital eran demasiado duras para que el banco fuera competitivo.

"Es nuestro deber analizar medidas apropiadas para abordar los posibles efectos de propuestas extremas", afirmó el pasado 15 de abril en su discurso ante los accionistas.

Ante ello, el Gobierno suizo afirmó este miércoles que el 15,5 % que ahora se exigiría a UBS no sería muy diferente de las ratios de competidores exteriores como Morgan Stanley (16,2 %), Goldman Sachs (15,1 %) o HSBC (14,9 %), entre otros.

La reforma está pendiente de su aprobación por el Parlamento y el Gobierno prevé un periodo de aplicación progresiva de siete años.