
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, que también forma parte del Observatorio contra la violencia doméstica y de género de la misma institución, ha señalado que "no es posible" un seguimiento especial de maltratadores reincidentes tras cumplir su condena.
"Una vez que la persona ha cumplido su pena, no es posible (el seguimiento particular), porque nuestro ordenamiento jurídico y el de los países de nuestro entorno lo que sanciona son hechos y valora la peligrosidad, pero la peligrosidad no es determinante de que esta persona una vez cumplida su pena tenga ninguna otra medida de carácter jurisdiccional, salvo en el caso de prisión permanente revisable", ha asegurado.
Así lo ha puesto de manifiesto Erice en una entrevista a Europa Press al ser preguntada por las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en las que reclamó recientemente un seguimiento "muy particular" de los agresores reincidentes de violencia de género cuando quedan en libertad.
"Yo creo que los reincidentes en ningún caso pueden tener como medida acciones en favor de la comunidad. Esas son medidas que no pueden aplicarse como pena alternativa a los agresores reincidentes y hay que hacer un seguimiento muy particular de todos ellos una vez que son puestos en libertad", señaló Redondo en declaraciones a los medios antes de presidir el último comité de crisis el 17 de marzo por los asesinatos machistas.
En este sentido, Erice ha expuesto que, mientras dura el procedimiento y el cumplimiento de la condena, "hay un margen de actuación". Si bien, ha destacado que, una vez que la persona ha cumplido su pena, "no es posible" hacerle un seguimiento.
En lo que va de 2026, un total de 14 mujeres y tres menores han sido asesinados por violencia de género. Erice ha reconocido que se trata de un inicio de año "muy duro" pero ha añadido que tres meses es "francamente poco" para que resulte "significativo", por lo que ha dicho que será necesario esperar al balance anual para evaluar si existe un incremento consolidado.
El Ministerio de Igualdad ha activado un plan de actuación ante los últimos asesinatos machistas de este año, con uno cada cinco días, y mantiene contactos con el Observatorio. Según Erice, ya se han celebrado varias reuniones técnicas previas para analizar los casos "uno a uno" y estudiar qué ha fallado y dónde puede actuarse.
De estos encuentros se desprende una conclusión central: la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 "todavía no está implementada totalmente en todos los extremos" más de veinte años después de su aprobación, según ha expuesto Erice, que ha pedido que se aplique "en su totalidad".
INTERVENCIÓN INTEGRAL
Igualmente, ha destacado que la respuesta no puede limitarse a juzgados, tribunales y policía. La ley, según ha recordado, contempla una intervención integral que incluye a sanidad, servicios sociales y otros ámbitos capaces de detectar situaciones de riesgo antes de que lleguen a los tribunales.
"Nosotros hablamos hoy del ámbito jurisdiccional, de juzgados, tribunales, trabajo policial, etc, pero es que la ley tiene mucho más, implica mucho más, hay otros sectores imprescindibles para un buen enjuiciamiento, de colaboración", ha apuntado.
En esta línea, ha insistido en la importancia de registrar indicios de violencia en historias clínicas o sociales, ya que esos datos pueden convertirse posteriormente en pruebas judiciales. También ha planteado la necesidad de clarificar los límites entre la confidencialidad profesional y la obligación legal de comunicar situaciones de riesgo.
DISTANCIA DE ÓRDENES DE ALEJAMIENTO, SIN UNA SOLUCIÓN ÚNICA
Respecto a la propuesta del Ministerio de Igualdad de establecer una distancia mínima de 350 metros en las órdenes de alejamiento, Erice considera que no existe una solución única válida para todos los casos. Según ha explicado, la eficacia de estas medidas depende del nivel de riesgo, las circunstancias personales de las partes y factores territoriales como la cobertura tecnológica de los dispositivos de control.
"Hay supuestos en los que con esa distancia es suficiente y otros, según el riesgo, que no es suficiente y quizás hay que tomar otro tipo de medidas, según la gravedad del caso y según los dispositivos con los que contamos", ha indicado.
Para mejorar la toma de decisiones judiciales, el Observatorio está elaborando un mapa de zonas con baja cobertura de telecomunicaciones que permita ajustar las medidas de seguridad a cada territorio. Este estudio aún no ha concluido, según ha precisado Erice.
Por otro lado, sobre el anteproyecto de ley de medidas contra la violencia vicaria, la vocal del CGPJ ha señalado que un primer borrador que modificaba el Código Penal no prosperó, pero un nuevo texto ha llegado recientemente al Consejo para informe.
MENORES HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Del mismo modo, respecto a los hijos de víctimas mortales de violencia machista, ha abogado por acompañarlos hasta que alcancen una verdadera independencia personal y profesional. "Su situación no es idónea y hay que apoyarla, tanto en cuidados como económicamente, hasta que gocen de una independencia, de una culminación de sus estudios y de aquellos accesos a profesiones que hayan elegido, deberían ser, creo yo, acompañadas", ha afirmado.
La violencia de género causó la muerte de una mujer cada 7,4 días en 2025 y cada 6,3 días desde 2003, según se desprende del 'Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja', correspondiente al año pasado, publicado esta semana por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Según este documento, alrededor del 80% de las víctimas asesinadas el año pasado convivían con su agresor y muchas no habían presentado denuncia previa. Para Erice, denunciar puede exigir "una heroicidad" a mujeres que llevan años sufriendo violencia y carecen de apoyo suficiente.
SE EXIGIRÍA UNA "HEROICIDAD" PARA DENUNCIAR
"Eso cruzado con los datos de que la mayoría de ellas tienen hijos y muchas, menores, también nos cuestiona sobre la cobertura social y económica de estas mujeres. Hay situaciones en las que se exigiría una heroicidad --piénsese en personas dependientes económicamente, con hijos menores a su cargo--, una heroicidad para interponer una denuncia. Esto en alguien que ha llevado un proceso de violencia, porque la mayoría denuncia cuando tiene más de cinco años de vivencia negativa. Entonces esas personas están ya afectadas. Si además de afectadas carecen de cobertura para dar este paso, yo creo que es una cuestión que habría que revisar", ha enfatizado.
No obstante, Erice ha añadido que existen indicadores "esperanzadores", ya que desde 2015 se aprecia una tendencia descendente en el número anual de mujeres asesinadas. "Las medidas adoptadas, que han sido muchas, sobre todo en el ámbito policial y jurisdiccional, sí que han tenido un efecto porque sí que vamos bajando en las cifras", ha recalcado.
En cualquier caso, ha insistido en que los asesinatos machistas son "un fracaso social". "Cuando todavía tenemos este problema estructural y estos picos como el que acabamos de vivir este trimestre, que son tremendos, incluso aunque la cifra baje, es un fracaso social plenamente", ha concluido.
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