El Gobierno llama a ser "inequívocamente antirracistas" frente al "resurgimiento de narrativas excluyentes"

El servicio 021, administrado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) y vinculado al Ministerio de Igualdad, ocupa un papel central en la atención directa a víctimas de racismo, según la declaración institucional aprobada este martes. Este recurso, puesto a disposición de las personas afectadas, se suma al compromiso gubernamental de poner en marcha mecanismos efectivos de denuncia, así como de enfrentar el persistente fenómeno de la infradenuncia en estos delitos. Esta medida se enmarca en la estrategia general del Gobierno para impulsar acciones concretas frente al avance de discursos de odio y delitos relacionados en la sociedad, como informó el medio de comunicación en una nota publicada por el Ministerio de Igualdad.

Según consignó el Ministerio de Igualdad, el Ejecutivo subrayó la urgencia de actuar “inequívocamente antirracistas” en respuesta al resurgimiento de discursos excluyentes y al aumento de manifestaciones de odio, tanto en los espacios físicos como en el ámbito digital. Esta postura fue presentada de manera formal durante la declaración institucional aprobada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebrará el 21 de marzo. La declaración enfatiza que el único camino para erradicar el racismo es adoptar una posición activa y rotunda desde las instituciones y la sociedad.

La defensa de la igualdad y la promoción activa de valores como el respeto, la tolerancia y la convivencia se sitúan entre los principios fundamentales que el Gobierno quiere reforzar para asegurar un marco social más justo. Según recogió el Ministerio de Igualdad, el documento oficial establece la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso pleno a sus derechos y deberes, y puedan ejercerlos en condiciones de igualdad, sin distinción de ningún tipo.

En el contexto señalado por el Ejecutivo, el incremento de los discursos de odio y su traslado a plataformas digitales requiere una intensificación de la respuesta institucional. El texto insiste en la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, detección y sanción ante estas conductas, que vulneran los valores democráticos y constitucionales. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Igualdad, la declaración expone la importancia de exigir una mayor responsabilidad a las plataformas digitales, considerando el papel que desempeñan en la proliferación, pero también en la contención, de los delitos de odio en línea.

Otra de las prioridades establecidas radica en la protección de las víctimas. El documento señala que deben implementarse mecanismos de denuncia adecuados y promoverse un entorno en el que las víctimas puedan acceder a asistencia y orientación sin obstáculos. El servicio 021, según detalló el Ministerio de Igualdad, funciona precisamente con esta finalidad y actúa como punto de apoyo para quienes sufren discriminación por motivos raciales o étnicos. La declaración institucional considera la atención personalizada y la orientación como componentes necesarios para la protección efectiva de los afectados.

La elaboración del texto presentado por el Gobierno contó con la intervención de varios departamentos, incluidos los ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta contribución interministerial evidencia el enfoque transversal que el Ejecutivo pretende adoptar en la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

En la declaración, se expone además la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales y de avanzar en la cooperación con actores privados, especialmente con aquellas empresas tecnológicas que gestionan plataformas digitales. Según reportó el Ministerio de Igualdad, el propósito es avanzar hacia un marco de mayor corresponsabilidad por parte de estos agentes en la detección y eliminación de contenidos de odio.

Por último, la declaración subraya que “los delitos de odio menoscaban la convivencia democrática y los valores constitucionales”, lo que refuerza la decisión del Ejecutivo de priorizar la prevención, así como la protección legal y social de las víctimas. El Gobierno insiste en que la única forma de consolidar la democracia y una sociedad plural y respetuosa pasa por reconocer la diversidad como un valor colectivo más allá de cualquier motivo de exclusión, según aparece recogido en la declaración institucional y tal como difundió el Ministerio de Igualdad.