Los gasolineros lamentan la "inacción del Gobierno", mientras la demanda de carburantes empieza a desplomarse

La administración pública ha incrementado sus ingresos por cada litro de combustible vendido, según cálculos del sector, pasando de 25 a 32 céntimos tras el inicio del conflicto en Oriente Próximo, lo que se traduce en una recaudación extraordinaria de 180 millones de euros únicamente por el aumento del IVA asociado a los carburantes. En este contexto, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) advirtió que la situación afecta tanto a los ciudadanos como a la viabilidad de las empresas del sector, mientras denuncian la falta de respuestas oficiales frente a la crisis energética y el desplome en la demanda de carburantes, según informó el medio que recoge el comunicado de la patronal.

De acuerdo con la CEEES, el Estado se posiciona como “la única beneficiaria de esta crisis”, ya que obtiene ingresos adicionales a expensas de ciudadanos y empresarios, incrementándose la presión sobre las estaciones de servicio por el alza en los precios y la reducción del consumo. Tal como detalla el comunicado recogido por la prensa, los empresarios del sector consideran “inaceptable que la Administración haga caja a costa del sacrificio de los ciudadanos y de la viabilidad de sus empresas”, y ponen el énfasis en la urgencia de una reforma fiscal inmediata que alivie la situación.

La organización propone dos medidas para atenuar el impacto en el corto plazo. Por un lado, la aplicación de un IVA reducido al 10% para los carburantes de automoción; por otro, la disminución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), sugiriendo que la menor recaudación por este impuesto podría verse compensada por el mayor ingreso en concepto de IVA. La CEEES manifiesta que estas propuestas no requieren la implementación de sistemas de bonificación complejos, recordando que los mecanismos similares utilizados en el pasado resultaron ser difíciles de gestionar.

CEEES rechaza que las estaciones de servicio estén obteniendo beneficios extraordinarios en el actual contexto. Según declaró la confederación y recogió la prensa, el sector constituye “una de las principales víctimas de este rally alcista”, ya que el incremento de precios conduce a un escenario donde la demanda es menor y la sostenibilidad de sus negocios se ve amenazada. Por primera vez desde el principio de la crisis en Oriente Próximo, la patronal observa “señales claras de destrucción de demanda” y apunta que los usuarios han comenzado a limitar sus desplazamientos a lo estrictamente necesario debido al encarecimiento del combustible.

El impacto de la crisis no solo se refleja en la reducción del consumo por parte de los particulares, sino que también afecta a la estructura y viabilidad de las propias gasolineras. El comunicado advierte que si no se produce una bajada inmediata de los impuestos, existe riesgo de “parálisis económica”, ya que la caída de las ventas compromete la capacidad de las estaciones de servicio para sostener sus operaciones. El documento subraya que el problema trasciende el coste asumido por los consumidores, ya que las empresas también enfrentan una contracción del mercado que podría abocarlas al colapso si no se adoptan medidas urgentes.

Por otra parte, los empresarios valoran positivamente los planes que el Ejecutivo estaría preparando para mitigar los efectos del encarecimiento del combustible en colectivos como agricultores y transportistas. No obstante, insisten en que las pequeñas y medianas empresas del sector de las estaciones de servicio también sufren el impacto económico derivado del conflicto y demandan ser incluidas en cualquier paquete de ayudas o rebajas fiscales que se articule para paliar la crisis, según refleja el comunicado recogido por la prensa.

El diálogo entre el sector y las autoridades todavía no ha producido respuestas concretas, según la CEEES, que continúan reclamando la puesta en marcha de reformas fiscales inmediatas como respuesta a la situación actual. Por último, la organización insiste, tal como vuelven a recoger los medios que difunden el comunicado, en la urgencia de acciones para evitar que la presión fiscal y el desplome del consumo conduzcan a un escenario de paro en la actividad económica ligada a la movilidad y la distribución en España.