El PE prorroga hasta 2027 la exención de privacidad para detectar pornografía infantil

El Parlamento Europeo estableció que la tecnología para la detección de material de abuso sexual infantil en línea seguirá aplicándose únicamente a contenidos que hayan sido previamente identificados por usuarios, denunciantes de confianza o alguna organización, y se centrará en usuarios o grupos bajo sospecha razonable de conexión con estos delitos. Además, se excluyó la aplicación de estas medidas a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo y no se permitirá el escaneo conjunto de datos de tráfico y de contenido. De acuerdo con la agencia EFE, la Eurocámara dispuso la extensión temporal de la excepción a la normativa de privacidad digital hasta el 3 de agosto de 2027, luego de recibir un respaldo mayoritario de 458 votos a favor, 103 en contra y 63 abstenciones.

El medio EFE detalló que esta excepción temporal responde a la expiración inminente, prevista para el 3 de abril, de la exención vigente en la Directiva sobre Privacidad Electrónica. Desde 2024 y 2025 ya se había extendido este régimen, con el objetivo de mantener los mecanismos voluntarios de detección de material ilícito mientras se negocia una regulación definitiva. El Parlamento Europeo explicó, a través de un comunicado citado por EFE, que la prórroga permite evitar un vacío legal y continuar protegiendo a los menores de delitos relacionados con la explotación infantil en plataformas digitales, mientras se desarrolla un marco jurídico permanente para abordar estos crímenes.

El texto adoptado por el Parlamento subraya que las medidas voluntarias para la detección de este tipo de contenidos deben ser específicas y guardar proporcionalidad, poniendo límites claros para evitar afectación injustificada a los derechos fundamentales. Según publicó EFE, las disposiciones aprobadas impiden que el escaneo de datos llegue a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo o incluya el análisis combinado de metadatos y contenido. Solo podrán utilizarse herramientas sobre materiales detectados por canales oficiales o de confianza y bajo condiciones donde existan sospechas fundadas.

Birgit Sippel, eurodiputada socialdemócrata alemana y ponente de la iniciativa, enfatizó según consignó EFE la necesidad de compatibilizar la lucha contra el abuso sexual infantil con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Declaró: “Tenemos la responsabilidad de abordar el horrible delito del abuso sexual infantil, salvaguardando a su vez los derechos fundamentales de todas las personas. Esta excepción... es un instrumento temporal y estrictamente limitado que permite a los proveedores continuar con sus medidas de detección voluntarias en condiciones específicas”.

La medida también fue evaluada por representantes del Consejo de la Unión Europea, parte esencial en las futuras negociaciones para la adopción del marco definitivo. Un portavoz de la presidencia del Consejo, citado por EFE, consideró fundamental ampliar estas normas temporales para los prestadores de servicios digitales y así evitar interrupciones en la protección ofertada a los menores hasta que comience a operar la nueva legislación a largo plazo.

El Parlamento Europeo había fijado su posición sobre el futuro marco jurídico en noviembre de 2023. El Consejo de la UE, por su parte, adoptó formalmente su propia posición en noviembre de 2025. Con ambas posturas institucionales definidas, los órganos colegisladores han iniciado las negociaciones para acordar la versión definitiva del reglamento europeo contra el abuso sexual infantil en entornos digitales, reportó EFE.

La normativa de exención de privacidad de la Unión Europea, objeto de las sucesivas prórrogas, pretende dotar a compañías y plataformas digitales de una base legal para detectar y reportar imágenes y materiales ilegales, tarea que en circunstancias normales estaría limitada por la estricta normativa de protección de datos en el espacio europeo. Según especificó el Parlamento y publicó EFE, la prórroga se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor del marco legal definitivo, actualmente en negociación interinstitucional.