La Eurocámara endurece su posición sobre los retornos tras pactar el mandato el PPE con la ultraderecha

El informe elaborado por el eurodiputado François-Xavier Bellamy, representante del Partido Popular Europeo (PPE), resultó aprobado en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, lo que permite el inicio de las negociaciones formales con los veintisiete Estados miembros sobre la reforma de la directiva de retorno, según informó Europa Press. El texto sostiene el respaldo a la creación de centros de expulsión en países fuera de la Unión Europea y establece medidas más estrictas para quienes sean objeto de procedimientos de retorno.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, el texto obtuvo 41 votos a favor, 32 en contra y una abstención dentro de la comisión parlamentaria, avanzando así hacia el próximo paso: el debate en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, donde socialdemócratas, verdes e izquierda han manifestado su intención de forzar su votación con el objetivo de frenar el mandato. Estos grupos consideran que la propuesta actual podría violar principios fundamentales recogidos en los tratados de la UE, como los derechos humanos, la igualdad y el respeto al estado de derecho.

Desde diciembre, las fuerzas políticas negociaban las enmiendas al borrador inicial presentado por el ponente liberal. La última ronda de estas discusiones, que estaba prevista para la semana pasada, fue suspendida en el último minuto debido a que el PPE logró una alianza con formaciones clasificadas como de ultraderecha –Patriotas por Europa, el grupo europeo liderado por el partido de Viktor Orbán, donde se integra Vox; Europa de las Naciones Soberanas; y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), cuyo principal partido es el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni–, conformando así una mayoría que permitió la aprobación del texto.

El mandato acordado endurece las consecuencias para quienes no cooperen con su retorno y habilita mecanismos legales para que los llamados ‘hubs’ de expulsión puedan gestionarse desde terceros países. También, según detalló Europa Press, contempla la posibilidad de ampliar los plazos de detención con el objetivo de garantizar las expulsiones y limita la capacidad de las personas retornadas para recurrir estas medidas. Desde Vox, partido que forma parte del bloque que apoyó el mandato, se celebró la aprobación calificando la propuesta como la “más dura jamás planteada” en materia de retorno, ya que prevé que los Estados miembros puedan convertir en delito la entrada y estancia irregular, autoriza prohibiciones de entrada a la UE indefinidas o permanentes cuando existan riesgos para la seguridad y flexibiliza las restricciones para instaurar centros de internamiento.

El PPE criticó que, en las etapas finales de las negociaciones, los grupos socialistas se negaron a respaldar ciertos puntos centrales del texto, incluidos los límites a las prohibiciones de entrada, la suspensión de algunos efectos de los recursos y la autorización de los denominados ‘centros de retorno’. Previo a la votación en comisión, la eurodiputada socialista Murielle Laurent solicitó un aplazamiento que permitiera más tiempo para avanzar en las negociaciones y alcanzar un consenso que fuera coherente en los planos legal y político, expresando su desacuerdo con la rapidez en la tramitación del mandato, a la que adjudicó una motivación política.

Al consolidarse el mandato, representantes del grupo socialdemócrata (S&D), Verdes y la Izquierda intervinieron en la comisión para expresar su rechazo. Murielle Laurent argumentó que la externalización de los procedimientos de deportación a centros en países terceros supuso una vulneración de la dignidad y las libertades de los solicitantes de asilo, dejándolos en una situación incierta por tiempo indefinido. Advirtió, además, que la aprobación de la reforma en los términos actuales abriría, según sus palabras recogidas por Europa Press, “una nueva era de comercio de personas en las que los migrantes son expulsados a cambio de dinero”.

La eurodiputada Tineke Strik, en representación de los Verdes, alertó sobre el riesgo de perpetuar “un enfoque peligroso y divisorio” con este mandato. Por su parte, Mélissa Camara, también eurodiputada verde, consideró que la posición adoptada refleja “una ideología racista y populista” y alertó sobre los posibles riesgos para la vida y dignidad de las personas afectadas, según publicó Europa Press.

Por el grupo de la Izquierda europea, la parlamentaria italiana Ilaria Salis manifestó su voto en contra debido a la preocupación que genera la posibilidad de detención por tiempo indefinido, incluso para personas que no han sido condenadas por ningún tribunal, y aseguró que se trata de un punto que, a su juicio, supera los límites aceptables para la Unión Europea.

El mandato que ahora pasa al pleno del Parlamento Europeo cuenta, por tanto, con el apoyo del PPE y los grupos de ultraderecha, que impulsan una línea más intransigente respecto a la gestión de los retornos migratorios. Mientras tanto, socialistas, verdes e izquierda insisten en la necesidad de estudiar la reforma en mayor profundidad y sopesar sus implicaciones legales y humanitarias, según diversas intervenciones recogidas por Europa Press.

El siguiente paso dependerá de la votación en Estrasburgo, donde se pone a prueba la resistencia de la alianza forjada por el PPE con los grupos considerados de ultraderecha y la capacidad de la oposición de frenar la iniciativa y devolverlas a la comisión para seguir debatiendo las reformas a la directiva de retorno.