El presidente de Somalia firma una cuestionada Constitución que abre la puerta a una prórroga en su mandato

Según el ministro de Presidencia del estado de Puntlandia, Abdifatá Abdinur, más de cincuenta diputados vieron impedido su derecho a deliberar durante la aprobación de la nueva Constitución en Somalia. Abdinur, en declaraciones recogidas por el medio Garowe, sostuvo que tanto Puntlandia como los líderes de la región de Jubalandia manifestaron profundas objeciones al proceso. Este contexto de controversia y reclamos de irregularidades se dio mientras figuras políticas de peso, incluidos expresidentes nacionales, cuestionaron la legitimidad de la votación. El domingo, el presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, firmó oficialmente el nuevo texto constitucional, que reemplaza al documento provisional vigente desde 2012. La medida generó debate, ya que la Carta Magna aprobada introduce modificaciones significativas en el modelo electoral y la duración de los mandatos.

De acuerdo con la información publicada por Garowe, la aprobación parlamentaria de la Constitución se realizó el pasado miércoles en una sesión conjunta entre la Cámara del Pueblo y la Cámara Alta. Un total de 223 legisladores respaldaron el texto, con 186 votos de la cámara baja y 37 de senadores. Diversos sectores políticos se ausentaron del procedimiento, en particular la oposición, que se abstuvo de participar como señal de rechazo a lo que consideraron un proceso excluyente. Los legisladores ausentes expresaron su desacuerdo tanto con la metodología utilizada para la revisión como con el contenido final del documento.

El nuevo texto constitucional persigue implementar el modelo de sufragio directo promovido por el presidente Mohamud, impulsando cambios profundos en la manera en que se eligen tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Hasta ahora, Somalia empleaba un sistema de elección indirecta para ambas instancias; con la reforma, los diputados serán elegidos directamente por la ciudadanía, mientras que la selección del presidente seguirá a cargo del parlamento. A la vez, la Constitución establece que el primer ministro será designado por el presidente, aunque con la posibilidad de remoción a través del parlamento.

El medio Garowe detalló que en el proceso de revisión de la Carta Magna han surgido discrepancias entre el gobierno federal y diversas administraciones estatales. Los puntos de conflicto incluyeron el tipo de sistema de gobierno, los procedimientos electorales, la distribución de competencias y el estatus jurídico de la capital, Mogadiscio. En varias regiones, destacando Puntlandia y Jubalandia, se reflejaron tensiones relativas a la representatividad y a la forma en que se estaba trabajando la transición institucional.

El Gobierno somalí, según consignó Garowe, justificó la reforma argumentando que la nueva Constitución introduce reglas más precisas y vinculantes para la organización de elecciones y para la designación de los altos cargos públicos. No obstante, uno de los puntos de mayor discusión consistió en la ampliación del mandato presidencial, que pasa de cuatro a cinco años. Este cambio permite la interpretación de que el presidente Hasan Sheij Mohamud podría completar un ciclo de cinco años antes de llamar a elecciones, lo que extendería su mandato hasta 2025, en lugar de la fecha prevista originalmente para mayo del presente año.

Sectores de la oposición manifestaron su preocupación por la posibilidad de que esta modificación facilite una prolongación del periodo presidencial. Según citaron fuentes consultadas por Garowe, esta inquietud se ve reforzada por la percepción de que el actual jefe de Estado carece de intención de organizar los comicios en el corto plazo, aduciendo consideraciones logísticas y la falta de tiempo suficiente para preparar adecuadamente el proceso.

Por otra parte, el Gobierno subrayó que la reforma constitucional responde también a viejas demandas de claridad legal y representa, a su juicio, un avance en la transparencia política. Sin embargo, diversas voces contrarias, como la del funcionario de Puntlandia citado por Garowe, sostienen que el proceso careció de la necesaria inclusión y deliberación democrática. Estas diferencias han dejado en evidencia la polarización existente en Somalia entre el ejecutivo federal y los gobiernos regionales, quienes reclaman mayor autonomía y un papel más central en la configuración del futuro político del país.

La implementación del nuevo texto fundamental, tal como publicó Garowe, llega en un momento de tensión y desacuerdo tanto por la representatividad como por la legitimidad del procedimiento legislativo. La modificación en los plazos de mandato y las dudas sobre una posible extensión no resuelta mediante mecanismos claros han suscitado interrogantes acerca de la estabilidad y la ruta democrática en el corto plazo.