
La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona con solo un día de antigüedad en el club, dirigida a la Audiencia Nacional, fue desestimada al determinarse que los hechos alegados no cumplen con los requisitos legales necesarios para que este órgano asuma la investigación. Según informó El Periódico, el socio presentó acusaciones contra el expresidente y actual precandidato Joan Laporta, así como otros exmiembros de la Junta Directiva, por supuestas operaciones irregulares en el extranjero. El tribunal argumentó que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional únicamente tiene competencia para investigar delitos cometidos “en su integridad en el extranjero”. En situaciones donde los hechos se desarrollan parcialmente en territorio español, la competencia corresponde a los tribunales del lugar donde los delitos tuvieron lugar.
El auto, firmado por el magistrado Santiago Pedraz y difundido por Europa Press, señala que la decisión se adoptó tras recopilar la opinión de la Fiscalía, que coincidió en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos descritos en la denuncia. El magistrado puntualizó que, en caso de tratarse de delitos continuados o complejos cometidos tanto dentro como fuera de España, corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar los hechos, siempre que parte de ellos hayan tenido lugar en el territorio nacional. Con esto, la Audiencia Nacional se inhibió de la investigación solicitada, cerrando la puerta a revisar el caso bajo su competencia.
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La denuncia, según detalló El Periódico el lunes 23 de febrero, centraba sus acusaciones en Joan Laporta y en varios responsables de la anterior directiva, incluyendo al entonces vicepresidente y actualmente presidente en funciones Rafael Yuste, la exvicepresidenta María Elena Fort y el exvicepresidente económico Eduard Romeu. El denunciante señalaba presuntos cobros irregulares de comisiones a través de diferentes sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia. Los supuestos delitos mencionados incluían blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal, conforme a los hechos narrados en la denuncia original.
La reacción del FC Barcelona ante los informes de investigación realizados por periodistas y organizaciones internacionales no se hizo esperar. El club comunicó que el 15 de enero de 2026 recibió consultas de periodistas de dos medios y del consorcio Organized Crime&Corruption Reporting Project (OCCRP) sobre los hechos que coincidían con los expuestos en la denuncia. Estos comunicadores facilitaron documentos que, según el club, pretendían sustentar las acusaciones denunciadas. A raíz de ello, el FC Barcelona analizó la documentación proporcionada concluyendo que la misma, a su juicio, carecía de veracidad y estaba supuestamente basada en información manipulada. En respuesta directa a OCCRP y los medios involucrados, el club declaró el 19 de enero que los documentos aportados eran “total y absolutamente falsos” y reiteró su convicción de que la información contrastada resultaba ser producto de manipulaciones.
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Por su parte, Joan Laporta calificó públicamente de falsas todas las acusaciones sobre el cobro de comisiones ilícitas en el extranjero tanto hacia él como hacia miembros de su junta. En declaraciones realizadas a Catalunya Ràdio y citadas por El Periódico, Laporta denunció la existencia de una campaña orientada a desacreditar su imagen coincidiendo con la competición electoral de cara a los comicios fijados para el 15 de marzo. El expresidente consideró que este tipo de ataques ya se habían producido en el pasado y aseguró: “Todo esto es absolutamente falso. Ya nos ha pasado otras veces. Es pesado. Esto lleva tiempo e irá alargándose en el tiempo, a no ser que la Audiencia no admita esta denuncia. Ya sé de qué va esto. Es una estrategia judicial y mediática para perjudicar mis intereses y lo que electoralmente represento. Todo es falso. Hacen un sofrito y montan una historia que no es verdad”.
Según publicó El Periódico, las dudas sobre la veracidad de la denuncia también se sustentaban en la reciente incorporación del denunciante como socio del FC Barcelona: apenas un día antes de interponer la denuncia, este obtenía su estatus de afiliado. El recurso judicial cuestionaba la gestión de la anterior directiva en relación al supuesto manejo de fondos y la celebración de contratos a través de una red societaria internacional, punto que el club y sus representantes negaron de manera rotunda.
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La Audiencia Nacional descartó abrir investigación a Laporta y su equipo directivo al considerar que corresponde a otros órganos judiciales en España asumir el caso en caso de que lleguen a formalizarse nuevos procedimientos vinculados a los hechos, siempre que existan fundamentos. Esta posición coincide con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo sobre la competencia judicial en delitos de carácter transnacional. De acuerdo con El Periódico, el pronunciamiento emitido por el magistrado Santiago Pedraz puso fin a la instancia abierta por la denuncia contra la anterior directiva del club catalán ante la Audiencia Nacional.
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