EEUU comienza el decomiso de un petrolero y casi dos millones de barriles de crudo venezolano

El FBI ha asegurado en su demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia que el petrolero ‘Skipper’ y su cargamento representan una fuente de influencia sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. De acuerdo con la documentación judicial citada por la Oficina Federal de Investigación, el caso involucra un plan cuya vigencia comienza al menos en 2021 y se extiende hasta el presente, orientado a facilitar la exportación y comercialización internacional de crudo en beneficio directo de la Guardia Revolucionaria. Esta operación ha quedado al descubierto tras una investigación sobre los movimientos y cargamentos del ‘Skipper’, incidiendo en el cumplimiento de las sanciones internacionales impuestas a Irán y a otros regímenes considerados sancionados por el gobierno estadounidense y sus aliados.

Según publicó el medio de comunicación, el FBI inició los procedimientos para llevar a cabo la incautación definitiva del petrolero ‘Skipper’, que fue interceptado en alta mar en diciembre del año pasado por fuerzas estadounidenses, junto con un cargamento aproximado de 1,8 millones de barriles de petróleo venezolano perteneciente a Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA). Este crudo, de acuerdo con la denuncia elaborada por el FBI y citada en la información, tenía como destino final distintos países y entidades bajo sanción, siendo uno de sus principales receptores Cubametales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense desde julio de 2019.

Las autoridades estadounidenses sostienen que durante los últimos años el ‘Skipper’ ha operado en rutas estratégicas, transportando petróleo desde Irán y Venezuela y realizando transferencias de buque a buque en distintas zonas del mundo. Según detalló el FBI, esta táctica permitió la entrega de crudo a "otros regímenes delincuentes" además de los ya mencionados. Una operación destacada se registró en noviembre de 2025, cuando el ‘Skipper’ cargó unos 1,8 millones de barriles de petróleo en la Terminal José de Venezuela, y de ese volumen, alrededor de 1,1 millones de barriles estaban destinados a Cubametales, de acuerdo con la demanda judicial.

El proceso final de incautación comenzó el 10 de diciembre de 2025, fecha en que las fuerzas del orden de Estados Unidos intervinieron el petrolero en aguas internacionales. En ese momento, el ‘Skipper’ navegaba con una bandera guyanesa falsa, recurso que lo clasificó como buque apátrida ante las autoridades, lo que facilitó la intervención estadounidense en virtud del derecho internacional marítimo. Posteriormente, el buque y su cargamento fueron trasladados a una zona cercana a la costa de Texas, donde permanecen bajo custodia según reportó el medio.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, declaró tras el operativo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto regímenes que representan una clara amenaza para Estados Unidos ha terminado." Esta afirmación, citada por el medio, remarca la postura de la administración estadounidense frente a operaciones comerciales vinculadas a países bajo sanción y a organizaciones consideradas una amenaza para los intereses de seguridad estadounidenses.

En su revisión del expediente judicial, el FBI subraya que las actividades del ‘Skipper’ forman parte de un esquema deliberado de evasión de sanciones, diseñado para apoyar económicamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otras entidades sancionadas. El buque ha empleado maniobras como el cambio de bandera y la alteración de rutas para eludir los controles internacionales y continuar con el transporte de crudo a mercados dispuestos a adquirir petróleo procedente de países y empresas con restricciones.

El medio consignó que las relaciones comerciales entre Venezuela e Irán han estado bajo seguimiento de las autoridades estadounidenses debido a la implementación de sanciones que buscan impedir que ambos países usen el comercio petrolero como vía de financiamiento de actividades calificadas por Washington como ilícitas o contrarias a la seguridad internacional. La incautación del ‘Skipper’ representa un nuevo capítulo en los operativos internacionales contra el tráfico de crudo que desafía las restricciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

La investigación detalla también la implicación de empresas estatales, como PdVSA y Cubametales, en esquemas de cooperación que, según el FBI, tienen como propósito sortear los controles financieros tradicionales, empleando mecanismos como las transferencias indirectas de buque a buque y el registro bajo banderas de conveniencia o falsas identidades marítimas. El decomiso del ‘Skipper’ y su carga busca cortar uno de los canales logísticos empleados para estas operaciones, según declaró la fiscalía estadounidense en documentos judiciales.

El FBI argumenta ante el tribunal que la confiscación tanto del buque como del cargamento no solo responde a una violación de regulaciones internacionales, sino que además constituye una medida disuasoria frente a intentos futuros de emplear rutas marítimas para beneficio de actores sancionados por la comunidad internacional. El caso del ‘Skipper’ se inserta en el contexto de esfuerzos coordinados entre agencias estadounidenses para asegurar el cumplimiento efectivo de sanciones y preservar la integridad de los mercados energéticos internacionales frente a actividades consideradas ilegales por la legislación de Estados Unidos.