Igualdad pedirá a jueces y fiscales medidas para garantizar la efectividad de las pulseras para maltratadores

El domicilio de algunos infractores se ubica dentro del área fija de exclusión judicial, situación que genera una serie de alarmas constantes que afectan tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a las propias víctimas. Este es uno de los problemas que enfrenta el sistema de seguimiento de pulseras telemáticas destinadas a proteger a personas afectadas por la violencia de género en España. En respuesta a estos y otros obstáculos, el Ministerio de Igualdad planea solicitar por escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía que implementen medidas urgentes para garantizar el funcionamiento adecuado y la efectividad de los dispositivos, según recogió Europa Press a partir de fuentes del departamento que dirige Ana Redondo.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género asumirá la tarea de enviar una carta dirigida tanto al CGPJ como a la Fiscalía, con el objeto de exigir acciones que permitan mejorar los aspectos que complican la monitorización de los sistemas de control para maltratadores, informó el medio Europa Press. Según el Ministerio de Igualdad, uno de los problemas detectados radica en el “mal uso” de los dispositivos electrónicos por algunos inculpados, así como en los reiterados incumplimientos de las condiciones impuestas judicialmente a quienes han sido condenados o sujetos a medidas cautelares.

La comunicación oficial remarca la necesidad de abrir un proceso judicial por quebrantamiento de condena siempre que se detecten incumplimientos, aunque, como detalla Europa Press, en la práctica esto no ocurre en todos los casos. Desde Igualdad exigen también la depuración de responsabilidades y la exigencia de compensaciones por los daños que puedan producirse debido a estos fallos y desobediencias.

Otro de los puntos señalados en la misiva aborda la distancia mínima que debe fijarse entre el agresor y la víctima para hacer posible una reacción eficaz de los cuerpos policiales. El Ministerio recuerda que la recomendación técnica fija esta distancia en no menos de 350 metros, pero en algunos casos judiciales se establecen prohibiciones de acercamiento por debajo de ese umbral. Según publican las fuentes oficiales citadas por Europa Press, cuando la restricción es menor, resulta muy difícil intervenir a tiempo para evitar posibles agresiones.

En cuanto a los problemas de funcionamiento, el Ministerio de Igualdad y Europa Press subrayan que existe un elevado número de alarmas constantes cuando el domicilio de la persona investigada está incluido dentro del área de exclusión ordenada por el juez. Estas alertas generan tensión en el sistema y dificultan la actuación eficaz tanto para las fuerzas del orden como para las personas protegidas.

El Ministerio también hace referencia al impacto que tiene la falta de cobertura en determinadas zonas donde residen o circulan tanto los agresores como las víctimas. Según consigna Europa Press, la principal consecuencia de este déficit es la imposibilidad de monitorizar en todo momento la localización de las personas vinculadas al sistema, elemento considerado esencial para garantizar la seguridad.

La Fiscalía General del Estado, en su memoria anual de 2024, identificó diversos errores y problemas técnicos detectados en los dispositivos telemáticos, un dato recogido en la comunicación de Igualdad. A pesar de ello, desde el Ministerio y la propia Fiscalía habían asegurado en septiembre del año anterior que las personas protegidas por el sistema “siempre” habían contado con la protección necesaria, señaló Europa Press.

De acuerdo con las fuentes y documentos citados por Europa Press, la carta busca que tanto jueces como fiscales adopten decisiones que mejoren la eficacia del Sistema Cometa, encargado de la operatividad de las pulseras electrónicas para personas a las que se les prohíbe acercarse a determinadas víctimas por sentencia u orden judicial. El Ministerio subraya que la monitorización electrónica se convierte en una herramienta clave no solo para hacer cumplir las órdenes, sino también para prevenir reincidencias y nuevas agresiones en casos de violencia de género.

En este contexto, las autoridades reiteran la importancia de una coordinación efectiva entre los órganos judiciales, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la protección de las víctimas e incrementar la eficacia de los dispositivos. El objetivo del Ministerio de Igualdad, según reportó Europa Press, es subsanar las deficiencias técnicas, operativas y legales del sistema, para garantizar que las medidas de protección judicial no queden desvirtuadas o inoperantes por fallos preventivos o técnicos.