EEUU sanciona a responsables de una red de fraude en México que beneficia al Cártel Jalisco Nueva Generación

El control que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejerce sobre redes de fraude, especialmente en la zona de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, se traduce en multimillonarias pérdidas económicas y en la afectación directa de ciudadanos estadounidenses, en su mayoría personas mayores, quienes han denunciado la sustracción de sus ahorros a través de esquemas falsos de tiempo compartido. Según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la administración norteamericana ordenó un nuevo paquete de sanciones financieras dirigido al complejo turístico Kovay Gardens, así como a cinco individuos y 17 empresas mexicanas que operan en beneficio de esta organización criminal.

De acuerdo con lo publicado por medios como El País y según consignó el Departamento del Tesoro, la ofensiva incluye medidas para bloquear los activos estadounidenses de los señalados y prohíbe a cualquier ciudadano o compañía de Estados Unidos hacer negocios con ellos. El comunicado oficial detalla que el CJNG obtiene una porción de sus ingresos fuera del tráfico de drogas mediante la infiltración en esquemas de fraude relacionados con el modelo de tiempo compartido, un sistema en el que varias personas adquieren derechos para utilizar una propiedad durante temporadas específicas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “ya sea a través del tráfico de fentanilo en nuestras fronteras u orquestando esquemas fraudulentos de régimen de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG sistemáticamente acosan a los estadounidenses para obtener ganancias”. Además, el funcionario subrayó que Estados Unidos considera al CJNG “uno de los cárteles más poderosos del mundo”, al tiempo que documentó casos en los que la organización ha ejercido violencia tanto contra fuerzas militares y policiales mexicanas como contra funcionarios, utilizando armamento militar e, incluso, drones cargados con explosivos.

La acción de las autoridades estadounidenses se apoya en datos recabados por el FBI y el Tesoro, los cuales apuntan a una estrategia fraudulenta consistente en la obtención ilegal de información sobre turistas propietarios de tiempo compartido. Una vez con los datos, integrantes de la red, haciéndose pasar por abogados, despachos jurídicos o representantes de la industria, contactan a las víctimas bajo pretextos falsos. Entre los argumentos utilizados, señalan que pueden recuperar fondos perdidos si las víctimas realizan pagos “anticipados” en concepto de honorarios o impuestos ficticios.

El fraude también incluye casos en que los estafadores fingen ostentar cargos oficiales y afirman que las víctimas están siendo investigadas por transacciones sospechosas. Esta combinación de presiones económicas y amenazas institucionales facilita el acceso a los ahorros de personas vulnerables.

Según cifras del FBI recogidas por las autoridades y medios estadounidenses como El País, entre 2019 y 2023, cerca de 6.000 afectados reportaron pérdidas acumuladas superiores a los 254 millones de euros (alrededor de 300 millones de dólares) como resultado de estas operaciones fraudulentas en México. En lo que va de 2024, se han tramitado aproximadamente 900 quejas adicionales, con pérdidas que suman más de 42 millones de euros (más de 50 millones de dólares).

El Departamento del Tesoro explicó que las estructuras bajo sanción están directamente vinculadas con la estrategia financiera del CJNG, la cual diversifica los ingresos del grupo mediante actividades delictivas que incluyen, además del fraude inmobiliario, el robo de combustible y la extorsión. La administración estadounidense argumenta que estas medidas buscan limitar la capacidad de movimiento de capital de las organizaciones criminales y proteger a posibles víctimas de futuras estafas.

Washington cataloga el CJNG como responsable de acciones violentas extremas y de ejecutar incluso a miembros internos que desafían órdenes, en tanto mantiene operativos sofisticados para sortear las acciones de las fuerzas de seguridad, lo cual ha complicado la respuesta de las autoridades mexicanas.

La nueva ronda de sanciones se suma a la política vigente del gobierno estadounidense, que prioriza el combate simultáneo contra el tráfico de fentanilo y los delitos financieros perpetrados por cárteles considerados terroristas. El Departamento del Tesoro y el FBI se mantienen en coordinación con organismos de seguridad mexicanos e internacionales para investigar los flujos de fondos sospechosos y bloquear la operación de empresas y personas señaladas como parte de las redes de lavado y fraude.

El Tesoro detalló que la red desarticulada basaba su modelo en la identificación de estadounidenses que alguna vez adquirieron derechos sobre propiedades en el litoral mexicano para ofrecerles supuestos servicios de representación legal o gestiones de cobro a cambio de pagos adelantados, que nunca se tradujeron en resultados. La proliferación de estos esquemas permitió al CJNG fortalecer su estructura económica sin exponer de manera abierta a sus principales operadores del narcotráfico.

El reporte difundido por el gobierno de Estados Unidos resalta también que la presencia del CJNG en el sector turismo de la zona de Jalisco y Bahía de Banderas fue estratégica, orientada a captar víctimas extranjeras con capacidad económica y limitar la capacidad de acción de las autoridades mexicanas locales mediante la intimidación o sobornos.

El Departamento del Tesoro advierte que la vigilancia sobre transacciones inmobiliarias y financieras en destinos turísticos mexicanos continuará, al igual que la búsqueda de cooperación de bancos y autoridades tanto estadounidenses como mexicanas para identificar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el fraude a turistas.