El Gobierno pide a Fiscalía que investigue a Tik Tok, Meta y X por difusión de pornografía infantil mediante sus IA

“El Estado no lo puede permitir”, sostuvo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al anunciar que el Consejo de Ministros elevará una solicitud formal al Ministerio Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos por parte de las plataformas X (antes Twitter), Meta y TikTok relacionados con la supuesta creación y difusión de material ilícito infantil generado mediante inteligencia artificial. Según publicó Sánchez a través de su cuenta en la plataforma X, el Ejecutivo invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, argumentando que la salud mental, la dignidad y los derechos de la infancia se encuentran bajo amenaza por la permisividad de estas redes sociales en el manejo y circulación de este tipo de contenidos.

De acuerdo con la información difundida por el propio presidente y recogida por diversos medios, la investigación que se solicita apunta específicamente al uso y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial por parte de las compañías tecnológicas, que estarían siendo aprovechadas para generar y propagar imágenes y vídeos de carácter ilícito, en concreto pornografía infantil, dentro de sus respectivas plataformas. El Gobierno plantea así la necesidad de establecer responsabilidades concretas a las empresas tecnológicas, en un contexto de creciente preocupación pública por el impacto de la inteligencia artificial en la protección de los menores en el entorno digital.

El medio que transmite la decisión gubernamental detalla que, mediante el uso del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Ejecutivo facilita que el Ministerio Público inicie pesquisas para determinar la posible implicación de X, Meta y TikTok en la comisión de delitos relacionados con la protección de la infancia y la adolescencia. Sánchez destacó el riesgo “inaceptable” que enfrenta la juventud ante la aparición de estas nuevas formas de generación y distribución de contenido perjudicial, subrayando que los responsables de las plataformas deben responder ante la justicia.

El mensaje del jefe del Ejecutivo incidió en la idea de que “la impunidad de los gigantes debe acabar”, enfatizando una postura gubernamental de firmeza ante el poder de las empresas tecnológicas multinacionales, que gestionan volúmenes masivos de usuarios y datos a escala global. Sánchez señaló la intención de poner fin a lo que consideró un margen de acción excesivamente amplio que habrían tenido estas plataformas en la gestión del material nocivo para menores.

Según consignó el medio, la denuncia formal planteada por el Consejo de Ministros constituye hasta el momento una de las actuaciones más contundentes del Gobierno español respecto al papel de las grandes redes sociales en la protección de la infancia frente a potenciales delitos cometidos con ayuda de la inteligencia artificial. Esta intervención llega en un momento de expansión acelerada de las tecnologías de IA capaces de crear imágenes realistas de personas, incluidas menores de edad, sin consentimiento y de modo automatizado, una tendencia que genera inquietud en la opinión pública y entre organizaciones de defensa de los derechos de la infancia.

El Gobierno subraya, según informó el presidente, que la actuación de las plataformas no solo impacta sobre la privacidad y el bienestar psicológico de niños y adolescentes, sino que también pone en jaque la responsabilidad social y legal de las propias compañías, dada su capacidad de detectar, prevenir y eliminar algoritmicamente estos contenidos. Sánchez recalcó la voluntad del Estado de ejercer un papel activo en la regulación y control del entorno digital cuando están en juego derechos fundamentales de los menores.

La intervención anunciada se enmarca dentro de la agenda política que exige a las plataformas tecnológicas una mayor transparencia y colaboración con las autoridades en materia de control de contenidos ilegales, mediante mecanismos de auditoría y cooperación activa con las instituciones encargadas de la protección de la infancia. Sánchez remarcó en sus mensajes la premisa de que la protección de los derechos de niños y adolescentes no puede quedar supeditada a los intereses económicos ni tecnológicos de las empresas.

El anuncio fue difundido en la propia red social X por el presidente Sánchez, lo que refleja el alcance público e inmediato de las preocupaciones compartidas por el ejecutivo, las familias y los organismos de protección, al utilizar el mismo medio que figura entre los señalados en la denuncia por la presunta difusión de material ilícito. La acción promovida busca, según el Gobierno, marcar un precedente en la persecución penal de este tipo de delitos en el ámbito digital, ampliando la vigilancia del Estado sobre las nuevas manifestaciones de riesgo que introduce la inteligencia artificial en la vida cotidiana de la juventud.

La medida, según informaron medios oficiales, ha sido comunicada previa deliberación en el seno del Consejo de Ministros, como parte de la estrategia nacional en defensa de los derechos de la infancia en entornos digitales. La reacción oficial se fundamenta en la preocupación social y en las demandas de diversos colectivos por fortalecer los mecanismos legislativos y judiciales frente a los desafíos que representa la utilización de inteligencia artificial en la proliferación de contenidos ilícitos, especialmente los que afectan a personas menores de edad.

El caso pone sobre la mesa el debate sobre la regulación internacional de las grandes plataformas tecnológicas y la responsabilidad de los desarrolladores de inteligencia artificial en la prevención de delitos. España, a través de esta iniciativa, solicita la actuación de la Fiscalía con la finalidad de determinar si los modelos de IA aplicados por X, Meta y TikTok incumplen la normativa vigente en materia de protección de menores y si existe pasividad o incentivos en las empresas para limitar su uso de manera eficaz.