Bruselas dice que España puede investigar penalmente a "individuos" pero las plataformas rinden cuentas ante la UE

El portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, explicó en rueda de prensa que las autoridades nacionales pueden investigar y perseguir penalmente a individuos por delitos cometidos en redes sociales, mientras que la supervisión y las sanciones a plataformas digitales quedan restringidas al ámbito de la Unión Europea. Con estas declaraciones, recogidas por el medio Europa Press, Regnier detalló la separación de competencias tras el anuncio del Gobierno español de solicitar a la Fiscalía que investigue posibles delitos vinculados con la pornografía infantil y el trato degradante hacia menores en plataformas como X, Meta y TikTok.

Según publicó Europa Press, la Comisión Europea manifestó este martes que la petición del Ejecutivo español podría adecuarse a las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA, por sus siglas en inglés). En este sentido, la normativa concede a los Estados miembro la capacidad de emprender acciones judiciales contra personas físicas que utilicen las redes de forma delictiva, mientras que la responsabilidad de vigilar y sancionar a las empresas digitales recae en las instituciones comunitarias. Así lo aclaró el portavoz Regnier, subrayando que las "plataformas rinden cuentas ante la UE", mientras que la persecución penal sobre infracciones cometidas por individuos es competencia de cada país.

Regnier matizó que se trata de "dos cosas separadas", ya que Bruselas carece de autoridad para iniciar investigaciones penales, mientras que los gobiernos nacionales deben actuar dentro de los límites impuestos por la DSA. En palabras del portavoz, "si un Gobierno, un Estado miembro, persigue a nivel nacional a individuos que han vendido este tipo de productos en la UE o han publicado este tipo de contenidos en la UE, pueden hacerlo porque nosotros no perseguimos a las personas". El enfoque de la Comisión se dirige exclusivamente a exigir responsabilidades a las plataformas, supervisando que ni ellas ni sus sistemas permitan la generación o difusión de contenidos ilícitos dentro de Europa.

En esta línea, Regnier reiteró que la tarea de la Comisión consiste en centrar la atención en las plataformas digitales, garantizando que cumplan la legislación de la UE y bloqueen la proliferación de contenidos ilegales, especialmente los vinculados a la explotación infantil. Al mismo tiempo, dejó claro que los Estados miembro mantienen un margen de maniobra en el ámbito penal frente a usuarios individuales que incurran en delitos a través de estos servicios.

Paralelamente, Europa Press consignó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció desde su perfil de X que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A través de esta acción, el Ejecutivo español solicitará oficialmente a la Fiscalía que investigue los eventuales delitos que pudieran estar cometiendo las plataformas sociales mediante la generación y difusión de pornografía infantil a través de sistemas de inteligencia artificial alojados en X, Meta y TikTok.

El jefe del Ejecutivo destacó en su mensaje el riesgo que representan estos contenidos para la salud mental, la dignidad y los derechos de los menores, señalando que el Estado tiene la obligación de impedir tales acciones en las plataformas digitales. En su declaración, Sánchez manifestó: "Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir".

El medio Europa Press detalló que, mientras la Comisión Europea desarrolla una política común de vigilancia y regulación para las grandes plataformas tecnológicas, deja abierta la vía penal a los Estados miembro para actuar frente a delitos específicos cometidos por personas físicas. El mensaje comunitario enfatizó la cooperación entre Bruselas y los gobiernos nacionales en todos los asuntos relacionados con la erradicación de la pornografía infantil en línea, postura que según Regnier es compartida por los Estados miembro en la lucha contra estos delitos.

En resumen, la posición institucional de la Comisión subraya la distinción entre el marco de acción penal de los Estados y la supervisión estrictamente administrativa o regulatoria que ejerce Bruselas sobre las empresas tecnológicas, especialmente en lo concerniente a los contenidos ilícitos y su difusión en Internet. Europa Press puntualizó que las plataformas como X, Meta y TikTok deben rendir cuentas ante la Comisión, que se encarga de su control y eventual sanción en caso de incumplimiento de las normativas europeas, mientras que los gobiernos nacionales mantienen la posibilidad de actuar judicialmente contra particulares cuando detectan comportamientos ilícitos en línea.