Japón deja de notificar deportaciones de extranjeros en medio de los planes para duplicar las expulsiones

La agencia migratoria de Japón reportó que hasta el momento, en 2024, se han concretado 249 deportaciones de personas extranjeras, fijando la meta oficial de duplicar esa cantidad para el año 2027. Según consignó la agencia Kyodo, autoridades japonesas modificaron recientemente los protocolos sobre la comunicación de las órdenes de expulsión a personas inmigrantes, una decisión que ha generado críticas de diversas asociaciones de abogados en ese país.

El medio Kyodo detalló que, desde febrero, el Gobierno dejó de avisar con dos meses de anticipación sobre las deportaciones de extranjeros a sus abogados, cambiando el margen a solo un mes. Esta práctica de informar dos meses antes se implementaba desde 2010, y hasta ahora era el resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo y agrupaciones de abogados, quienes consideraban que así se aseguraba una defensa apropiada para quienes enfrentaban la expulsión del territorio japonés.

Según publicó Kyodo, el motivo esgrimido por las autoridades niponas para modificar el periodo de notificación es que el aviso anticipado facilitaba que algunos extranjeros intentaran esquivar la ejecución de la orden de salida. Con el nuevo protocolo, las personas afectadas dispondrán de treinta días para interponer las acciones legales pertinentes, lo que las autoridades consideran suficiente para garantizar el acceso a un juicio justo.

No obstante, asociaciones de abogados manifestaron su desacuerdo, asegurando que ese plazo resulta insuficiente para preparar una defensa adecuada y para defender de manera efectiva los derechos legales de los extranjeros. Estas organizaciones consideraron que la reforma constituye “una acción unilateral carente de un examen basado en hechos y de consultas sinceras entre las partes involucradas”, según citó la agencia Kyodo.

El proceso previo contemplaba la coordinación directa con las agrupaciones de juristas, quienes apoyaban tanto la comunicación anticipada como el tiempo extendido para organizar la defensa y gestionar eventuales recursos judiciales. De acuerdo con Kyodo, el protocolo anterior se aplicaba de modo sistemático desde la última década buscando fortalecer las garantías procesales de las personas en situación de deportación.

Las autoridades de inmigración, por su parte, afirman que el nuevo sistema no menoscaba el derecho a recurrir, ya que el mes de plazo estipulado permite a los afectados presentar demandas ante las instancias judiciales si consideran que existen argumentos válidos contra la ejecución de la expulsión. La agencia Kyodo indicó que la administración japonesa sostiene que la ejecución de las deportaciones requiere eficiencia ante los planes de duplicar los casos para el año 2027, como parte de la política de endurecimiento migratorio.

Organizaciones de defensa legal insisten en que acortar el plazo de notificación podría impactar en la calidad de la asistencia jurídica disponible para los inmigrantes, y advirtieron que la reducción del tiempo de preparación puede limitar la presentación de pruebas y alegatos fundamentales ante los tribunales.

El número de expulsiones supone una aceleración respecto a años anteriores, ya que según reportó Kyodo, el Ejecutivo pretende redoblar los esfuerzos para disminuir las estadías irregulares y limitar la permanencia de quienes incumplen las normativas migratorias. Fuentes oficiales consultadas por Kyodo alegaron que la revisión de los plazos responde también al incremento tanto en la cantidad de procesos migratorios como en los recursos interpuestos ante los tribunales, lo cual ha demorado la ejecución de las medidas de salida obligatoria.

En este contexto, la agencia Kyodo remarcó que el cambio de protocolo se enmarca dentro de una política gubernamental más amplia orientada al control y la reducción del flujo migratorio, una medida acompañada por el aumento en la capacidad de las autoridades para ejecutar órdenes de deportación, en consonancia con objetivos establecidos para el año 2027.

La polémica generada por la reducción del plazo de notificación pone en primer plano el debate sobre el equilibrio entre la gestión de la política migratoria y la garantía de derechos para las personas sujetas a dichos procedimientos, sigue reflejando Kyodo en su cobertura.