Vox pedirá el lunes en el Congreso derogar la Ley de Cambio Climático y PP reclama que la Ley de Aguas proteja la vida

El debate sobre la gestión del agua en el territorio rural y la necesidad de garantizar servicios básicos en casos de emergencia ocupa parte relevante de la agenda legislativa. El Partido Popular propone que el Gobierno adopte políticas que aseguren atención y suministro en municipios rurales frente a situaciones de catástrofe, así como el despliegue de incentivos para favorecer la población en esos entornos. Según reportó Europa Press, esta y otras iniciativas serán discutidas de manera paralela a distintas propuestas parlamentarias clave en materia ambiental y energética.

De acuerdo con Europa Press, el grupo parlamentario de Vox plantea ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico la derogación tanto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como del Pacto Verde Europeo. La formación de Santiago Abascal solicita que la Cámara Baja exhorte al Gobierno para anular ese marco legal y revertir políticas asociadas, con el argumento de que necesitan promover un “mix energético” capaz de garantizar el suministro eléctrico seguro, estable y con tarifas asequibles para los consumidores españoles. Vox pide, además, desarrollar infraestructuras para todas las fuentes energéticas disponibles, con el propósito de lograr la llamada soberanía energética del país.

Entre las principales demandas, Vox reclama la clasificación de la energía nuclear y el gas como fuentes “limpias y sostenibles”, según recogió Europa Press. El partido solicita que se reviertan cierres de centrales térmicas y que se reconecten las instalaciones inactivas. En el contexto europeo, Vox también exige una revisión de las normas sobre emisiones de dióxido de carbono para adaptarlas a la realidad industrial de España, en busca de un equilibrio que permita avanzar hacia energías menos contaminantes, pero preservando el empleo y la capacidad productiva.

El Partido Popular introduce a debate la protección prioritaria de la vida, la integridad y la salud humanas en la gestión del agua como objetivo legal fundamental. Europa Press detalló que los populares pretenden que el Congreso solicite al Ejecutivo la inclusión expresa de estos elementos como principios legales en las normativas sobre el agua, con particular énfasis frente a eventos naturales como sequías e inundaciones. Además, instan a incrementar la inversión en infraestructuras hidráulicas bajo un criterio de planificación y prioridad.

Otra de las solicitudes del Partido Popular tiene que ver con la necesidad de que la toma de decisiones sobre el agua se respalde en criterios científicos y técnicos objetivos, elaborados por expertos competentes en la administración pública. El grupo popular exige asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos de planificación y gestión, promoviendo la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones.

En el ámbito de la despoblación, el PP plantea la creación de un marco de acción integral contra la pérdida demográfica y el impulso de un reequilibrio territorial. Europa Press informó que buscan asociar la normativa y las políticas públicas a una evaluación constante del impacto en las comunidades rurales. Entre las prioridades, demandan financiación para servicios esenciales en zonas rurales y la elaboración de medidas que eleven la eficacia y la adecuación de tales servicios según las necesidades del entorno.

Para preservar y fortalecer la vida en el medio rural, el PP aboga por el mantenimiento de funciones sociales básicas y la seguridad de los habitantes, además del sostenimiento del suministro local en escenarios de emergencia. La propuesta incluye la implementación de un Plan Estatal de Vivienda capaz de aumentar la oferta residencial en pueblos y facilitar la rehabilitación, junto con incentivos económicos para fijar población en esas áreas.

La modernización de las infraestructuras viarias en el entorno rural forma otra de las prioridades expuestas por el PP, quien también propone desplegar un plan de choque para mejorar la movilidad y la dotación de servicios de transporte por carretera. Europa Press mencionó la importancia de coordinar estos planes con las administraciones implicadas, tanto a nivel estatal como autonómico.

En el área de conciliación familiar y laboral, los populares insisten en la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años en el mundo rural y la creación de espacios para la conciliación donde no existan centros educativos. También solicitan el desarrollo de un Plan Nacional de Conectividad que permita a todos los municipios rurales acceder a conexiones de alta velocidad.

SUMAR, el grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley centrada en frenar la proliferación de combustibles fósiles. Según informó Europa Press, el objetivo de dicha iniciativa es que el Congreso inste al Gobierno a diseñar y aplicar políticas que apoyen el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, apostando por la cooperación internacional para poner fin tanto al desarrollo como al mantenimiento de infraestructuras y reservas asociadas a carburantes fósiles. Asimismo, SUMAR demanda que se garantice una transición hacia opciones energéticas clasificadas como limpias y seguras.

Por parte del Grupo Socialista, las prioridades anunciadas apuntan a proyectos de renaturalización urbana y el fomento de la energía agrovoltaica dentro del contexto nacional, expresó Europa Press. Estas propuestas incluyen el desarrollo de políticas que fomenten la sostenibilidad en las ciudades, así como la promoción de nuevas alternativas en el ámbito de las energías renovables, adaptadas tanto al tejido agrícola como al entorno urbano. El PSOE plantea, de este modo, ampliar el rango de medidas para favorecer una transición ecológica con impacto en la planificación urbana y en la diversificación energética del país.

La agenda legislativa abordará estas posiciones divergentes que los diferentes grupos defienden en el Congreso, reflejando la disparidad de enfoques ante los desafíos ligados al cambio climático, la gestión de recursos naturales y la transición del modelo energético español.