Quito, 14 feb (EFE).- La Comisión de Fiscalización del Parlamento de Ecuador recomendó al pleno proceder con el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, planteado por el correísmo por un supuesto incumplimiento de funciones, en especial por no proteger a un juez que denunció presuntas presiones para favorecer a un narcotraficante en un juicio.
Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó anoche el informe motivado de sustanciación de la solicitud de juicio político contra Godoy.
En sus conclusiones, la Comisión determinó que Godoy es "responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial", apuntó la Asamblea en un comunicado.
Añadió que, como parte de su defensa, la autoridad "presentó memorandos y comunicaciones internas que, lejos de favorecerlo, se convirtieron en la principal prueba en su contra".
"Estos documentos evidenciaron que conocía la gravedad de la situación, pero optó por respuestas administrativas rutinarias, eludiendo su deber de liderazgo y coordinación efectiva, lo que demuestra una clara inoperancia en el ejercicio de sus funciones", apuntó.
El informe también permitió establecer que las acciones adoptadas por Godoy en el caso del juez Carlos Serrano fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia.
En consecuencia, la autoridad "no transformó la gestión administrativa en medidas concretas de protección y seguridad, reflejando un desempeño deficiente y claramente inoperante", apuntó.
"Por ello, -agregó- la censura y destitución se consideran necesarias frente a una gestión que priorizó el papeleo sobre la protección real de quienes administran justicia".
El pasado domingo, Godoy pidió a la Comisión que archive la solicitud de juicio político.
El funcionario está en el punto de mira desde inicios de diciembre, cuando se hicieron públicas las presuntas presiones que recibió el juez Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a él, para que absuelva a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos, ya que el magistrado formaba parte del tribunal que debía decidir sobre su caso.
Posteriormente se conoció que ese extranjero, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy.
La semana pasada, Serrano señaló ante la misma comisión que había sido amenazado por Srdan y que días después de sentenciarlo se le quitó la seguridad.
Aseguró que se sintió "completamente desprotegido" y que pese a que pidió a la Judicatura que le restituyeran la seguridad nadie se puso en contacto con él, por lo que salió del país. "Incluso estando en el exterior temo por mi vida. He pedido protección a organismos internacionales", añadió.
Godoy afirmó el domingo que él no envió a nadie a presionar a Serrano y que cuando la institución se enteró de que le quitaron la seguridad al juez pidió al Ministerio del Interior que se la restituyan.
Con respecto a su esposa, dijo que ella nunca intervino en el proceso penal, sino que había sido parte del caso antes de la formulación de cargos. EFE
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