Jurado de EE.UU. frena intento de Trump de acusar a seis demócratas del Congreso

El gran jurado federal descartó la existencia de una base criminal para procesar a seis legisladores demócratas tras la divulgación de un video en el que recordaron a militares e integrantes de la inteligencia que debían rechazar cualquier orden ilegal, decisión que representó un revés inusual para los fiscales que respondían al Departamento de Justicia bajo el mandato del presidente Donald Trump. Según informó la agencia EFE, la resolución se conoció este martes en la capital estadounidense, donde el panel consideró que los hechos presentados por la administración republicana no constituían una violación del estatuto federal que impide interferir en la lealtad, la moral o la disciplina de las fuerzas armadas.

El intento de involucrar penalmente a los seis congresistas, entre los que se encontraban el senador Mark Kelly de Arizona y la senadora Elissa Slotkin de Michigan, surgió después de que Slotkin organizara y publicara el año pasado un video con la colaboración de otros legisladores. En esa grabación destacaban que las amenazas contra la Constitución también pueden originarse dentro del propio país y advertían a los miembros de las fuerzas armadas e inteligencia que debían rechazar cualquier instrucción contraria a la ley. Los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio también participaron, todos ellos con experiencia militar o en agencias de inteligencia, detalló EFE.

La difusión pública del video generó una inmediata reacción del expresidente Trump, quien expresó en sus redes sociales que el mensaje equivalía a un acto de sedición, exigiendo que los legisladores recibieran sanciones ejemplares. Según publicó EFE, la administración republicana consideró que el mensaje incitaba al personal militar y de inteligencia a desconocer órdenes legítimas y promovía un clima de desobediencia, lo que llevó al Departamento de Justicia a formular cargos amparados en la normatividad que prohíbe las tentativas de afectar el patriotismo o la disciplina militar.

El video, coordinado por Slotkin, señalaba de manera explícita que el deber constitucional obliga a actuar de acuerdo a la ley, incluso en escenarios de posible conflicto con órdenes internas. Esta declaración fue interpretada desde la presidencia de Trump como un intento de incitar a la desobediencia entre las filas militares y de inteligencia, hecho que intensificó la atención mediática y la presión política sobre el caso, explicó la agencia EFE.

Durante el proceso, el panel judicial estableció que el contenido de las declaraciones realizadas por los legisladores no rompía ningún marco legal, remarcando que no se hallaron elementos que sostuvieran una imputación penal respecto del delito alegado por la fiscalía. El veredicto supuso una reprimenda poco común hacia el equipo de fiscales, cuestionando la interpretación jurídica promovida por las autoridades del Ejecutivo de Trump para perseguir a sus rivales políticos en este contexto, informó EFE.

El Departamento de Justicia, al ser consultado por la agencia EFE, no ofreció comentarios sobre la desestimación de los cargos ni sobre el curso que podría tomar la investigación administrativa o mediática tras la decisión del gran jurado. La resolución deja sin efecto inmediato el intento de sancionar a los miembros del Congreso por su intervención en el debate público acerca de las responsabilidades legales y constitucionales de los integrantes de las fuerzas armadas y la inteligencia estadounidenses, según reportó EFE.

La controversia en torno al video y al intento de procesamiento penal volvió a poner de relieve las tensiones institucionales en torno al uso de mensajes públicos por parte de funcionarios y representantes políticos. El manejo de la lealtad, la obediencia y las obligaciones constitucionales en un contexto de polarización política fue uno de los ejes recurrentes en las reacciones desde diversos sectores tras conocerse la decisión del panel en Washington, tal como detalló EFE.

Entre los legisladores señalados, varios expresaron en distintas instancias su convicción de que el video cumplía una función de pedagogía institucional, subrayando los límites legales y éticos en el ejercicio de la autoridad, aunque la postura de la administración Trump fue diametralmente opuesta según la cobertura de la agencia EFE. La resolución judicial ahora marca precedentes en materia de libertad de expresión parlamentaria y las fronteras del debate público para quienes han servido previamente en el ámbito militar y de inteligencia y se desempeñan en el Congreso.