Honduras activa acciones de apoyo a más de 55.000 beneficiarios del TPS tras fallo en EEUU

Más de 55.000 hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal ven amenazada su situación migratoria tras el reciente fallo judicial en Estados Unidos, mientras autoridades de Tegucigalpa informan sobre nuevas alternativas de respaldo y acompañamiento

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El Gobierno de Honduras informó que un comité interinstitucional ha comenzado a trabajar en medidas para atender de manera diferenciada los casos de los hondureños que podrían enfrentar el retorno, así como en la promoción de su reinserción social, económica y laboral. Esta decisión surge después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos autorizó al Gobierno estadounidense a avanzar en la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Según detalló la agencia EFE, este proceso pone en incertidumbre la situación de más de 55.000 hondureños beneficiarios de ese programa migratorio, que residían y trabajaban legalmente en Estados Unidos desde 1999 tras el huracán Mitch.

De acuerdo con EFE, el reciente fallo permitió revertir la decisión previa de la jueza federal Trina Thompson, quien en 2025 había declarado ilegal la anulación del TPS. Así, la nueva resolución reactiva el proceso para la posible cancelación del estatus y abre la posibilidad de que la disputa continúe en otras instancias judiciales, incluyendo una eventual llegada a la Corte Suprema de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras subrayó que la decisión divulgada el lunes no representa el cierre definitivo del caso y mantiene esperanzas de que se pueda apelar a instancias superiores.

En respuesta, el gobierno hondureño anunció la activación de “acciones estratégicas” para acompañar y orientar a sus connacionales ante la incertidumbre jurídica provocada por la resolución. EFE consignó que, entre estas acciones, la administración en Tegucigalpa prioriza la coordinación de su red consular en Estados Unidos, en colaboración con instituciones académicas y organizaciones especializadas, con el propósito de ofrecer asesoría legal confiable y actualizada. Otro eje de estas iniciativas consiste en la evaluación continua de alternativas legales y de respaldo, tanto para quienes busquen regularizar su estatus migratorio por distintas vías como para quienes se vean obligados a regresar a Honduras.

En un comunicado difundido este martes, el Gobierno de Honduras enfatizó que se encuentra “hilvanando las posibles rutas y soluciones para apoyar en esta transición a madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en EE.UU. durante décadas, incluso realizando contribuciones a sus comunidades dentro de este país”, según recabó EFE. Desde la Cancillería se destacó que el país centroamericano entiende el “impacto humano, familiar y social” que representaría la terminación del TPS para miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos bajo un marco de control migratorio estricto.

El TPS fue otorgado a Honduras en 1999 como una respuesta humanitaria a los graves daños y consecuencias sociales generados por el huracán Mitch en octubre de 1998. Desde entonces, decenas de miles de hondureños han contado con permisos de residencia temporal y de trabajo en territorio estadounidense, según el recuento de EFE. Ante el riesgo de cancelación, las autoridades hondureñas insisten en el acompañamiento institucional, recordando que aunque Honduras no puede determinar los estatus migratorios de sus ciudadanos en terceros países, sí mantiene un rol activo de protección y orientación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores remarcó, según EFE, su compromiso de “velar por el bienestar y seguridad” de la comunidad hondureña en el exterior. La institución aseguró que sus principales prioridades se enfocan en suministrar información clara a los afectados, prevenir la desinformación y organizar procesos para que los beneficiarios puedan examinar sus opciones de forma eficiente hacia “un futuro con mayor estabilidad”.

Entre las alternativas en discusión, el Gobierno evalúa esquemas legales de apoyo tanto para quienes opten por permanecer en Estados Unidos a través de otros mecanismos de regularización como para quienes enfrenten el retorno a Honduras. En ese contexto, se articula un comité interinstitucional para coordinar las políticas de integración social, económica y laboral de los retornados, lo cual busca mitigar el posible impacto negativo sobre las familias y comunidades locales.

La decisión del tribunal estadounidense, que reactiva la amenaza de cancelación del TPS, produjo una rápida reacción de las autoridades hondureñas, que reconocen la ansiedad y la preocupación que pesa sobre los miles de migrantes afectados. Al respecto, la Cancillería reiteró que seguirá trabajando “activamente en la construcción de soluciones que prioricen el bienestar y la seguridad” de los hondureños en Estados Unidos, informa EFE.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre las próximas resoluciones judiciales que puedan influir en el destino migratorio de los beneficiarios hondureños. El gobierno de Honduras permanece atento a la evolución del caso en tribunales estadounidenses y, en paralelo, despliega esfuerzos en la articulación de medidas de acompañamiento, información y asesoría para su comunidad migrante, según indicó EFE.

La situación de los hondureños amparados por el TPS, muchos de los cuales llevan años residiendo en Estados Unidos después de los estragos causados por el huracán Mitch, sigue siendo incierta hasta que el proceso legal alcance una resolución definitiva. Desde Tegucigalpa, las autoridades insisten en que la prioridad es mantener informada y respaldada a esta población en riesgo, según describe la cobertura de EFE.