Un tribunal de EEUU permite al Gobierno revocar la protecciones a 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua

Los magistrados del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos señalaron que el Ejecutivo argumentó que la imposibilidad de aplicar su política migratoria podría generar daños a su gestión, mientras que los demandantes resaltaron los riesgos de perder protección migratoria: enfrentan la posibilidad de deportación, la pérdida de empleo o de acceso a beneficios médicos y la separación de sus familias. Estas afirmaciones formaron parte del análisis realizado antes de dictar sentencia en un recurso clave sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua. Según informó Europa Press, el tribunal permitió este lunes la eliminación del TPS que amparaba a más de 60.000 personas de estos tres países, decisión que responde a una estrategia migratoria avanzada por la administración de Donald Trump.

De acuerdo con Europa Press, el panel de tres jueces con sede en San Francisco suspendió la orden de un tribunal inferior que previamente había impedido la revocación del TPS dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El fallo, al que accedió el citado medio, sostiene que la administración podría, con probabilidad, demostrar la legitimidad de su decisión o que el tribunal de distrito carecía de jurisdicción sobre la medida. Los magistrados tomaron como referencia anteriores decisiones del Tribunal Supremo que suspendieron bloqueos judiciales contra la cancelación del TPS para ciudadanos venezolanos bajo criterios similares.

La medida afecta en concreto a cerca de 50.000 hondureños, 7.000 nepalíes y 3.000 nicaragüenses, quienes hasta ahora estaban protegidos de la deportación por el TPS. Este estatus legal otorgaba autorización temporal para residir y trabajar en Estados Unidos a personas originarias de países que enfrentaron situaciones como conflictos armados o catástrofes naturales. Conforme detalló Europa Press, la decisión del panel representa un paso adicional en la agenda de políticas migratorias restrictivas promovida por Donald Trump después de su retorno a la presidencia.

En su dictamen, el panel de jueces explicó que las situaciones planteadas se asemejan a los casos previos en los que el Tribunal Supremo optó por suspender órdenes de tribunales inferiores que obstaculizaban la anulación del TPS para Venezuela. Sin embargo, admitieron que las resoluciones anteriores no aportan fundamentos jurídicos detallados para orientar su análisis y que, aunque los alegatos de las partes comparten similitudes, los casos no son idénticos.

La relajación de las garantías migratorias a través de decisiones similares ya se ha aplicado a ciudadanos de otros países como Venezuela y Haití, insertándose en una política más amplia de supresión del TPS para nacionales de varios estados. Según informó Europa Press, este programa federal, ya con varias décadas de vigencia, ha beneficiado históricamente a centenares de miles de personas, permitiéndoles residir y desempeñar actividades laborales en Estados Unidos durante períodos de inestabilidad o daño extremo en sus países de origen.

El panel estuvo compuesto por Michael Hawkins, propuesto en su día por el expresidente Bill Clinton; Consuelo Callahan, seleccionada por George W. Bush; y Eric Miller, nombrado en la etapa actual. Cada uno de los magistrados ratificó la complejidad jurídica y el peso de los precedentes en su decisión, conforme recoge Europa Press.

Desde la perspectiva del Gobierno estadounidense, la retención de la medida suponía un obstáculo para la instrumentación de su preferencia en materia migratoria. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la administración argumentó que la continuidad del estatus especial para los migrantes le impedía ejecutar las políticas migratorias seleccionadas. Por su parte, las personas afectadas y sus representantes legales alertaron sobre las consecuencias directas: riesgo de expulsión inmediata, desintegración familiar y cese de condiciones que les permitieron en los últimos años mantenerse en el país.

El TPS, originalmente instaurado para proporcionar protección humanitaria temporal, se ha ido renovando para diversas comunidades conforme persistían situaciones críticas en sus naciones de origen. La suspensión de la orden que evitaba su eliminación abre la puerta a nuevas expulsiones, poniendo fin a una etapa de renovaciones en cadena que había protegido a personas desplazadas por calamidades y conflictos. Europa Press indicó que más de un millón de ciudadanos de ocho países se han visto afectados por acciones recientes que buscan restringir estas medidas históricas.

Esta última decisión del Noveno Circuito, orientada a favor de la administración Trump, permanece bajo apelación, de acuerdo con lo dictaminado por los jueces. El debate sobre la validez de las justificaciones esgrimidas para cancelar el TPS en cada país seguirá abierto mientras continúan escuchándose los argumentos en el proceso judicial.