SUP: La delegada del Gobierno en Melilla "condena sin juicio previo" a UIP acusados de "racismo" a un guardia civil

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Melilla ha decidido proporcionar asistencia jurídica a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) investigados tras los presuntos insultos racistas supuestamente dirigidos a un guardia civil fuera de servicio, según consignó el medio Europa Press. El SUP argumenta que las declaraciones públicas de la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, constituyeron una condena anticipada de los policías involucrados, ya que no se había realizado un proceso judicial ni administrativo que aclarara los hechos en ese momento.

De acuerdo con Europa Press, el SUP cuestionó un mensaje publicado en redes sociales por Sabrina Moh, quien ocupa también el cargo de secretaria general del PSOE en Melilla, en el que la delegada expresó su rechazo a cualquier muestra de racismo y aseguró la puesta en marcha de todas las herramientas de investigación para depurar posibles responsabilidades de los agentes denunciados. El sindicato señaló que posicionamientos públicos como este exponen a los agentes antes de que la investigación oficial determine lo ocurrido, y alertó de que esto podría generar animadversión tanto social como mediática respecto al trabajo de la Policía Nacional en la ciudad.

El SUP reiteró su defensa de principios contrarios a la discriminación por motivos de raza, género, religión, opiniones o condiciones personales, tal como remarcó Europa Press. No obstante, remarcó su lealtad hacia las instituciones del Estado y su negativa a aceptar presiones u órdenes consideradas perjudiciales para los intereses profesionales de los agentes. La central sindical insistió en la necesidad de esperar el avance de las investigaciones para formular valoraciones consistentes, y recalcó su compromiso de apoyar a los policías afectados mediante cobertura legal, a fin de asegurar que puedan defenderse respetando todas las garantías procesales.

El incidente que motivó la polémica se habría producido el sábado 31 de enero cerca de las 10:00 horas en una cafetería céntrica de Melilla. Según los datos publicados por Europa Press, Nebil Mohamed Amaruch, especialista en artes marciales y miembro de la Guardia Civil conocido como ‘El Lobo’, se encontraba desayunando junto a su esposa y cuatro hijos cuando sufrió presuntos insultos racistas y vejatorios de un grupo de agentes de la UIP. De acuerdo a las denuncias recogidas por el medio, los desplantes incluyeron expresiones como “mono”, “moro” o “chimpancé”.

La Delegación del Gobierno, de la que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desplegó todos los mecanismos administrativos y judiciales posibles para esclarecer los hechos y, si correspondiera, determinar las responsabilidades pertinentes, según reportó Europa Press. Sabrina Moh defendió en sus perfiles de Facebook y X que “ante el racismo y el insulto, tolerancia cero”, reiterando que ninguna actitud discriminatoria resulta permisible en instituciones públicas o en una sociedad democrática.

Tras conocerse el episodio, Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición en la Asamblea de la ciudad, manifestó su respaldo a la víctima y condenó la agresión verbal mediante un comunicado. CPM resaltó que la convivencia y el respeto constituyen fundamentos de la vida en Melilla, y que cualquier conducta racista, discriminatoria o que implique abuso de poder debe ser rechazada.

Por su parte, Amin Azmani, diputado de la oposición por Somos Melilla, intervino públicamente describiendo como “delito de odio” los hechos denunciados, y expresó su apoyo a Nebil Mohamed Amaruch. Manifestó la expectativa de que la denuncia presentada permita esclarecer la situación para evitar daños a la convivencia social y la imagen institucional.

Nueva Melilla, formación política representada por Mohamed Busián, añadió otra manifestación de condena y apoyo a la víctima, de acuerdo con Europa Press.

Organizaciones como la Asociación Comunidad Musulmana de Melilla también difundieron su postura oficial ante el caso, repudiando lo sucedido y calificando el episodio, de confirmarse, como de “extrema gravedad”. Esta entidad señaló que el caso no constituye un hecho aislado sino una situación que atenta contra la convivencia, daña la dignidad personal y afecta la imagen de las instituciones del territorio. También destacaron el carácter diverso y plural de Melilla e insistieron en la importancia de proteger estos valores.

Mientras la Delegación del Gobierno mantiene activa la investigación para determinar lo ocurrido, crece el debate social y político sobre las conductas de los cuerpos de seguridad y la responsabilidad de las figuras públicas en la gestión declarativa de este tipo de casos. El SUP mantiene su posición de esperar el avance de las diligencias oficiales para defender sus intereses y los de los agentes implicados.