
La recolección de muestras en zonas agrícolas próximas a la Línea Azul, efectuada por las Fuerzas Armadas libanesas con el apoyo de los efectivos de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), constituye uno de los ejes del reciente incidente fronterizo reportado en Oriente Medio. Esta investigación se inició tras la notificación del lanzamiento de “una sustancia química desconocida” por parte del Ejército israelí y la consecuente preocupación por los riesgos que ello implica tanto para la seguridad de los cascos azules como para la salud de la población civil y la viabilidad de los terrenos cultivables. Así, según consignó la agencia Europa Press, la FINUL denunció que las operaciones israelíes generaron la suspensión temporal de actividades esenciales para la misión.
De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, la FINUL informó que el domingo el Ejército israelí comunicó oficialmente a la misión internacional su intención de realizar “una actividad aérea con el lanzamiento de lo que describieron como una sustancia química no tóxica sobre áreas cercanas a la Línea Azul”. Ante esta comunicación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) solicitaron a los pacificadores de la ONU que evitasen la zona y permaneciesen bajo resguardo, decisión que derivó en la cancelación de más de una decena de operaciones previstas en ese sector. Los cascos azules se vieron imposibilitados de efectuar sus tareas habituales en aproximadamente un tercio de la extensión de la Línea Azul durante más de nueve horas, según detalló la FINUL en el comunicado difundido.
La misión de la ONU también comunicó, según lo publicado por Europa Press, que los efectivos internacionales se coordinaron con las Fuerzas Armadas libanesas para proceder a la recolección de muestras, a fin de someterlas a análisis sobre potencial toxicidad. La FINUL subrayó que tanto la interrupción de las tareas de vigilancia y seguridad como la posible exposición a compuestos desconocidos representan situaciones contrarias a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en 2006 después de las hostilidades entre Israel y la organización libanesa Hezbolá. Esta resolución sigue siendo la base del actual cese al fuego, que ha estado en vigor desde noviembre de 2024 tras más de un año de enfrentamientos intermitentes a raíz de los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023.
La misma misión internacional recalcó en su comunicado que las maniobras “deliberadas y planificadas” de las FDI no solamente limitaron su capacidad operativa, sino que expusieron a sus efectivos y a la población local a posibles daños. Conforme a lo relatado por Europa Press, la FINUL expresó su preocupación por las consecuencias que el uso de este tipo de sustancias pueda ocasionar en los campos de cultivo, y también por el impacto que ello podría tener en el eventual regreso de los desplazados a sus viviendas.
La FINUL recordó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que no se trata de un hecho aislado, alegando antecedentes de lanzamientos de sustancias químicas no identificadas por parte del Ejército israelí en el sur de Líbano desde aeronaves. Asimismo, el organismo reiteró que cualquier vuelo de aviones militares sobre territorio libanés configura una violación de la resolución 1701 y que toda acción que ponga en peligro tanto a las fuerzas de paz como a los civiles reviste gravedad y constituye motivo de alarma.
En esta línea, la FINUL urgió a las FDI, según lo reportado por Europa Press, a finalizar este tipo de operaciones y desarrollar una cooperación efectiva con las fuerzas de paz para preservar la estabilidad en la zona limítrofe. Al cierre de las comunicaciones difundidas, el Ejército israelí no emitió declaración pública sobre el incidente, ni sobre las acusaciones de la misión de la ONU.
Este episodio se produce en un periodo de alta tensión en la frontera entre Israel y Líbano, área donde la presencia de la FINUL busca garantizar la reducción de hostilidades y velar por el cumplimiento de las resoluciones internacionales. Las restricciones impuestas por actividades militares afectan el trabajo de la misión, destinada a monitorear la implementación del alto al fuego y colaborar con la devolución de la normalidad para las comunidades cercanas a la frontera. Tal como subrayó la FINUL, la continuidad de este tipo de acciones agrava la incertidumbre y dificulta los esfuerzos para evitar una escalada del conflicto en la región.
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