Ayuso cree que Sánchez quiere "inmigrantes pobres" y critica que no se "midan las consecuencias" de la regularización

Isabel Díaz Ayuso manifestó preocupación por los posibles efectos que, según considera, tendría la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes propuesta por el Gobierno central, destacando que esta medida podría generar “problemas extraordinarios” para las comunidades autónomas responsables de servicios como la sanidad, la educación y la gestión de residencias. Durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la presidenta madrileña advirtió sobre el incremento de tensiones en recursos públicos si se adopta un proceso al margen de los cauces legales habituales. De acuerdo con Europa Press, planteó que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y su socio de coalición, Podemos, impulsa la llegada de “inmigrantes pobres” sin evaluar completamente las consecuencias que esta iniciativa generaría.

Según los comentarios de Ayuso, recogidos por Europa Press, la mandataria comparó la situación actual con regularizaciones anteriores, argumentando que en ese entonces los procedimientos estaban vinculados al empleo y habían sufrido análisis individualizados en cada caso. También subrayó que, en aquellas ocasiones, España contaba con un contexto diferente en términos de volumen migratorio. En la actualidad, afirmó Ayuso, el país suma cerca de 10 millones de inmigrantes, lo que representa el 20% de la población, y subrayó el riesgo de poner en marcha medidas al margen del Estado de Derecho y de lo estipulado por la ley.

En su intervención, Díaz Ayuso señaló que ofrecer legalidad a quienes no han pasado por un proceso judicial podría suponer la aparición de “muchos problemas”, remarcando que no es posible asimilar las situaciones de quienes han cumplido los trámites legales con quienes no lo han hecho. La representante madrileña también sostuvo, conforme a lo informado por Europa Press, que el Gobierno buscaría establecer “una inmigración de subsidio” y que la regulación masiva se utilizaría para manipular censos y alteraciones de la “verdad”.

En sus declaraciones, Ayuso hizo hincapié en las implicaciones para los servicios públicos, subrayando especialmente la presión sobre el sistema sanitario y educativo. Sostuvo que la integración de nuevos inmigrantes podría resultar difícil sin una estrategia de Estado clara, y mencionó la situación deficitaria de médicos en el país como factor agravante. Según consignó Europa Press, insistió en que la atención sanitaria nunca se le negaría a quienes residen actualmente, aunque expresó recelo por la posible llegada de nuevas oleadas migratorias derivadas de una política amplia de regularización.

En la entrevista, Ayuso planteó la cuestión de cómo debe procederse con las personas ya presentes en el país, enfatizando la importancia de legalizar su situación para garantizarles condiciones de vida dignas. Criticó el mensaje que, según afirma, está transmitiendo el Gobierno: “lo que no puedes decir es que ser legal o ilegal es lo mismo, y esto es el primer mensaje que está mandando el gobierno”. Europa Press indicó que Ayuso recordó a los inmigrantes que se encuentran en España cumpliendo normas y aguardando la regularización de su situación, y alertó que la propuesta actual podría estimular aún más la llegada de personas en contextos similares, lo cual dificultaría la integración si no existiese una estrategia estatal adecuada y consensuada.

Sobre la integración social, la presidenta autonómica recalcó que “no se trata de reemplazar, se trata de mezclarnos, se trata de integrarnos,” reiterando que España es un país solidario, aunque a su juicio no basta con esa disposición sin un marco estratégico adecuado que garantice la cohesión y el funcionamiento de los servicios públicos. Según lo detallado por Europa Press, Díaz Ayuso concluyó sus declaraciones insistiendo en la necesidad de abordar la cuestión migratoria con responsabilidad y bajo los principios del Estado de Derecho, argumentando que solo así puede evitarse un escenario de presión añadida para las comunidades autónomas y para quienes ya residen en el país de manera legal.