Garamendi (CEOE), sobre Mercosur: "Queremos el tratado, pero siempre defendiendo a la agricultura en España"

Las estimaciones económicas presentadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cifran en 180.000 millones de euros las pérdidas por exportaciones no realizadas en Europa por no haber firmado el acuerdo Mercosur, e identifican que, entre 2021 y 2025, el Producto Interior Bruto de la región podría disminuir en casi 300.000 millones de euros como consecuencia directa de la falta de este pacto. Según informó el medio Nueva Economía Fórum, este dato se difundió poco después de que el pleno del Parlamento Europeo acordara llevar el tratado entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que detendría el proceso de ratificación y añade nuevas incertidumbres al porvenir comercial de ese convenio.

De acuerdo con lo que consignó Nueva Economía Fórum, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ratificó el respaldo del mundo empresarial al acuerdo comercial con Mercosur, pero enfatizó la necesidad de que esa apertura internacional esté acompañada de una defensa constante de la agricultura nacional y del sector primario en España. Garamendi expresó que Europa enfrenta un contexto internacional complejo y que afrontar los desafíos requiere responder con iniciativas concretas. Subrayó que la expansión a un mercado de 700 millones de ciudadanos puede fortalecer la posición europea, pero que dejar el espacio comercial sin ocupar facilitaría el acceso de competidores externos.

Durante el encuentro celebrado en Madrid y organizado por Nueva Economía Fórum, Garamendi declaró: “Los datos que tenemos a nivel europeo es que el no firmar el acuerdo de Mercosur ha significado 180.000 millones de euros que hemos dejado de ingresar en Europa como consecuencia de las no exportaciones y, por otro lado, el cálculo que tenemos del 2021 al 2025, casi 300.000 millones de euros de pérdida de PIB en Europa”. Así, el representante empresarial insistió en que una Europa fuerte debe aprovechar la oportunidad de acceder al amplio mercado sudamericano, pero no a cualquier costo.

Según detalló el medio, la reciente votación en el Parlamento Europeo ha generado inquietud entre los sectores empresariales y agrícolas españoles, ya que el recurso ante el Tribunal de Justicia podría detener el proceso de ratificación del tratado, aunque su aplicación provisional dependerá de lo que resuelva la Comisión Europea. Ante esto, Garamendi alertó sobre la posibilidad de enfrentar una crisis estructural si Europa no actúa con prontitud y decisión para abrir nuevas rutas comerciales.

El dirigente de la CEOE especificó que la preocupación principal de los empresarios españoles radica en garantizar que la competencia entre productos europeos y sudamericanos se realice en condiciones de equidad. Según publicó Nueva Economía Fórum, Garamendi indicó que ambos mercados deben afrontar exigencias similares en materia de regulación y controles, sobre todo en lo que respecta al sector agrícola. El presidente de la patronal sostuvo que la protección de la agricultura en España y Europa resulta indispensable, por lo que defendió la necesidad de establecer salvaguardas estrictas para evitar la llegada de productos sin controles equivalentes a los que rigen en el continente.

Además, Garamendi remarcó que la postura empresarial no se opone a la firma del tratado, pero sí aboga por mecanismos de control estrictos sobre los productos que ingresen en Europa, sobre todo aquellos del sector agrícola. “No estamos discutiendo que no se haga el tratado, pero lo que sí estamos discutiendo es que las salvaguardas para algunos de los productos no vengan con un no control que, sin embargo, en España o en Europa se tiene”, afirmó, conforme reportó Nueva Economía Fórum.

Finalmente, el presidente de la CEOE insistió en que garantizar mercados internacionales equilibrados no debe estar reñido con la protección de los cultivos y la producción agrícola local. Según expuso el medio, la interlocución entre los actores institucionales y empresariales continuará concentrándose en lograr que el tratado incluya cláusulas que garanticen la competencia justa y la protección tanto del sector agrícola como del tejido empresarial europeo.