Adif baja la velocidad a 220 en 28 kilómetros de la línea de Angrois tras avisos de maquinistas por el estado de la vía

La reducción de la velocidad máxima permitida en 28 kilómetros de la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago se implementó tras alertas de maquinistas sobre defectos en la geometría de ciertos aparatos de dilatación situados en el tramo entre el kilómetro 56,200 y el 84,200. Tal como reveló Europa Press, esta decisión busca minimizar los riesgos en una infraestructura que hace trece años fue escenario del accidente de Angrois, cuando un tren Alvia descarriló provocando la muerte de 80 personas y lesiones a 143.

Según informó el medio, la empresa pública ADIF aplicó una reducción del máximo de 300 a 220 kilómetros por hora en ese segmento del trayecto. Fuentes consultadas por Europa Press precisaron que el procedimiento de seguridad de la operadora indica que, ante una alerta de vibraciones como la detectada, la limitación temporal se activa de manera automática. El protocolo establece que los equipos de mantenimiento se movilizan, normalmente de noche, para inspeccionar el estado de la vía, una vez recibida la notificación de los responsables de circulación y cuando ya no circulan trenes.

Europa Press recordó que el accidente ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013 sucedió exactamente en el kilómetro 84,413 de la misma línea, en la curva de A Grandeira, donde el maquinista debía reducir la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora en ausencia del sistema de seguridad ERTMS —una tecnología que habría actuado automáticamente en caso de error humano. La consecuencia fue una de las peores tragedias ferroviarias en España en las últimas décadas, con el posterior procesamiento y condena del conductor y del exdirector de seguridad de ADIF por imprudencia y la falta de análisis de riesgo en dicha curva.

En relación con la medida de limitar la velocidad, el Ministerio de Transportes, en un documento remitido a los medios el jueves a través de la Delegación del Gobierno y citado por Europa Press, calificó el procedimiento como estándar. Detalló que se siguen criterios técnicos regulados en el artículo 1.5.1.10.2 del Reglamento de Circulación Ferroviaria desde 2015. Las limitaciones temporales de velocidad (LTV) responden a sucesos coyunturales como intervenciones en la infraestructura, fenómenos meteorológicos o la detección de anomalías en la vía, entre otros.

El documento añade que estas restricciones se actualizan de forma regular, revisándose horario por horario en los trayectos de alta velocidad y retirándose cuando las comprobaciones técnicas descartan cualquier amenaza para el tráfico ferroviario. Europa Press precisó que las LTV no constituyen un índice estadístico sobre la calidad de la infraestructura, ya que su frecuencia depende de factores operativos y de la magnitud del servicio. Así, durante 2025, se contabilizaron 2.144 activaciones de estas limitaciones, lo que representa 50 incidencias menos que en el año anterior, a pesar del crecimiento en el tamaño de la red y la cantidad de usuarios.

La aplicación de estas medidas preventivas tiene continuidad en otras regiones, como en Cataluña y Valencia, donde se han adoptado limitaciones similares durante la misma semana, según consignó Europa Press. En este contexto, la red ferroviaria española enfrenta un debate público sobre la seguridad, intensificado tras otros accidentes recientes, como los ocurridos en Adamuz (Córdoba), que dejó 45 víctimas mortales, y en Gelida (Barcelona), con un fallecido.

El informe distribuido por la Delegación del Gobierno, al cual refiere Europa Press, también ofrece detalles del itinerario judicial relacionado con el siniestro de Angrois. La instrucción del caso finalizó en octubre de 2015, aunque la Audiencia Provincial de A Coruña dispuso su reapertura en mayo de 2016. Finalmente, la sentencia del caso fue dictada por el Juzgado Penal de Santiago el 26 de julio de 2024, 11 años después del accidente. Sin embargo, un recurso presentado ante la Audiencia Provincial mantiene el proceso abierto, totalizando 12 años y 5 meses desde los hechos.

El medio detalla además que las limitaciones temporales de velocidad no sólo se inscriben en el marco de la seguridad ferroviaria inmediata, sino también en la gestión de riesgos vinculados a una red en expansión y con altas exigencias de tráfico. Las acciones que ADIF implementa buscan responder a alertas y mitigar posibles consecuencias, mientras continúan avanzando procesos judiciales e investigaciones relacionadas con los siniestros de mayor gravedad en el sistema ferroviario español.