Convocado el martes el Pleno del Congreso que votará los decretos de ayudas al transporte y las pensiones

Una de las novedades previstas es la puesta en marcha de un abono único de transporte válido para todo el país, con una tarifa mensual de 60 euros, que reduce el importe a 30 euros para personas menores de 26 años. Esta iniciativa forma parte de los decretos leyes que serán debatidos y sometidos a votación extraordinaria en el Pleno del Congreso, convocado para el martes 27 de enero por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, según explicó el medio original.

El orden del día de esta sesión incluye la validación o derogación de dos decretos clave impulsados por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre de 2025. Tal como detalló el medio, se trata de la prórroga para todo el año 2026 de las actuales bonificaciones al transporte público y de nuevas medidas sociales que abarcan desde el aumento de las pensiones hasta la protección de personas vulnerables. Debido a que enero es un mes inhábil en el calendario parlamentario según la Constitución, la sesión se celebrará de manera extraordinaria.

El decreto dedicado al transporte público estipula la continuidad de descuentos y gratuidades ya existentes. Según consignó la fuente, los menores de 14 años podrán seguir utilizando los autobuses estatales de manera gratuita. Además, el bono de diez viajes conserva una rebaja del 40%, el abono mensual nominativo del 50% y el abono joven de hasta 26 años mantiene un descuento del 70%. Estas medidas se extienden a autobuses interregionales estatales, así como a trenes de Cercanías y Media Distancia. El abono único nacional propuesto facilita el acceso combinado a estos servicios bajo una misma tarifa, favoreciendo la movilidad en todo el territorio.

El segundo decreto, conocido como “decreto ómnibus” de escudo social, fue aprobado junto al primero y contempla una revalorización general del 2,7% de las pensiones para el año 2026. De acuerdo con lo informado por el medio, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que esta medida afectará aproximadamente a trece millones de prestaciones en España. La funcionaria precisó que las pensiones mínimas tendrán un incremento del 7%, y en determinadas circunstancias como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares, el aumento podría alcanzar el 11,4%. Además, las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital también experimentarán un alza del 11,4%, según aclaró Saiz y publicó el medio.

Entre las acciones de protección incluidas en este paquete figuran disposiciones que impiden la ejecución de desahucios y el corte de suministros básicos —agua, luz y gas— para personas en situación vulnerable. Según indica la fuente, esta decisión se alinea con las políticas de escudo social implementadas por el Gobierno en periodos anteriores ante situaciones de crisis.

En el ámbito laboral, el decreto prevé la actualización de las bases de cotización del sistema de seguridad social y mantiene sin cambios la tabla de cotización para trabajadores autónomos de cara a 2026, respecto a la establecida el año anterior. Además, el texto legislativo incorpora incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, con el objetivo de estimular el parque automotor sostenible en el país.

De acuerdo con el medio, el decreto establece, por otra parte, la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellas indemnizaciones recibidas por daños personales consecuencia de los incendios forestales ocurridos en el verano pasado en varias comunidades autónomas. Esta medida busca aliviar la carga fiscal a los afectados por estas catástrofes naturales.

Ambos decretos, al haber sido aprobados por el Consejo de Ministros, entraron en vigor tras su publicación. Sin embargo, el procedimiento constitucional en España requiere que este tipo de normativas sean convalidadas por el Congreso de los Diputados para poder seguir aplicándose. Según recordaron fuentes parlamentarias citadas por el medio, corresponde ahora al pleno decidir si respalda o deroga estas medidas, en un momento en que el debate sobre el gasto social y las ayudas públicas sigue siendo objeto de atención política y social.

La jornada convocada para el 27 de enero permitirá a los grupos parlamentarios manifestar su postura y participar en la votación sobre la continuidad de estas iniciativas, cuyo contenido afecta tanto a usuarios habituales del transporte público, pensionistas y colectivos especialmente expuestos a la vulnerabilidad social. Según recopiló el medio original, el resultado determinará el mantenimiento de ayudas directas en distintos ámbitos, la actualización de prestaciones y el refuerzo de la red de protección social implementada desde el Gobierno.