
La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una operación militar estadounidense que se saldó con decenas de muertos, marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana y desató preocupación por el impacto sobre la sociedad y la institucionalidad del país. Esta acción desencadenó la asunción de Delcy Rodríguez, anterior vicepresidenta, como presidenta interina, además de la comparecencia de Maduro ante un tribunal en Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo. Según informó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, la intervención militar dirigida por Washington vulnera de manera decisiva los principios fundamentales del Derecho Internacional al emplear la fuerza con fines políticos.
El medio Europa Press detalló que, de acuerdo con las declaraciones de Volker Turk, la operación estadounidense socava la prohibición internacional al uso de la fuerza en resoluciones de disputas territoriales o demandas políticas. Turk enfatizó que la situación requiere "sanar" a la sociedad venezolana y subrayó la importancia de que el destino del país sea una decisión exclusiva de sus habitantes. Las afirmaciones del Alto Comisionado surgen tras la justificación ofrecida por Estados Unidos para el ataque, que señala el historial de violaciones de derechos humanos del gobierno venezolano como causa de la intervención.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, amplió la postura institucional y expresó una "profunda preocupación" ante el escenario actual en Venezuela. Shamdasani reiteró que la rendición de cuentas frente a abusos contra los derechos fundamentales no puede obtenerse legítimamente a través de una intervención militar unilateral que contravenga el Derecho Internacional. Según lo consignado por Europa Press, Shamdasani destacó que el pueblo venezolano requiere procesos orientados hacia la justicia y la reparación para las víctimas, subrayando la insuficiencia de soluciones militares foráneas en este marco.
Otra dimensión destacada por Naciones Unidas es el riesgo que representa la creciente militarización interna y el estado de emergencia impuesto por las autoridades venezolanas, vigente desde el sábado posterior al ataque. Este régimen de excepción permite limitaciones a derechos como la libre circulación de personas, la confiscación de bienes esenciales para la defensa, la suspensión del derecho de reunión y de protesta, y otras medidas restrictivas, según publicó Europa Press. La oficina de Turk advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de esta situación, temiendo que la inestabilidad se acentúe y los derechos del pueblo venezolano se vean aún más afectados.
El pronunciamiento del Alto Comisionado fue acompañado por una exigencia dirigida tanto a Estados Unidos como a Venezuela y a la comunidad internacional. De acuerdo con Europa Press, la ONU instó a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, haciendo hincapié en la protección de los derechos humanos y el respeto irrestricto por el principio de autodeterminación y soberanía de la ciudadanía venezolana, así como la conservación de sus recursos. La representación de Naciones Unidas insistió en que el futuro de Venezuela debe establecerse exclusivamente mediante procesos legítimos internos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El balance de la intervención militar, además de los fallecimientos reportados y la detención de Maduro, repercutió en el entramado político-institucional, al producirse el relevo en la jefatura de Estado. Según Europe Press, este contexto complicó aún más la situación social y humanitaria, generando inquietud frente a la agudización de las restricciones y las posibles repercusiones de una mayor presencia militar dentro del territorio venezolano.
Los señalamientos de la ONU se producen en un contexto de larga data en el que diversos organismos y actores han expresado preocupación por las condiciones políticas y sociales en Venezuela. La organización internacional sostuvo, según publicó Europa Press, que ninguna deficiencia en derechos humanos puede justificar el empleo unilateral de la fuerza por parte de un estado externo, insistiendo en la vigencia de los mecanismos multilaterales establecidos y el respeto por la autonomía de los pueblos.
Las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan además un llamado a todas las partes involucradas a priorizar soluciones centradas en las víctimas y ajustes institucionales acordes a estándares internacionales. Según la ONU, la prolongada vulneración de los derechos de la ciudadanía venezolana no halla remedio en intervenciones bélicas, sino en procedimientos que aseguren la participación y la autodeterminación, así como la garantía de sus libertades fundamentales. La organización manifestó su disposición a monitorear el desarrollo de los acontecimientos y a insistir en el estricto respeto a las leyes internacionales en el proceso de resolución de la crisis.
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