La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, que investiga las posibles responsabilidades vinculadas a la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, autorizó la declaración de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, en calidad de testigo, mediante sistema telemático desde su despacho en el Congreso de los Diputados. Según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la resolución hace referencia al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge el derecho de diputados y senadores a prestar testimonio desde su lugar de trabajo oficial.
Tal como detalló el medio, la jueza resolvió favorablemente la petición que realizó Feijóo para intervenir por videoconferencia a través de la plataforma webex. En el auto emitido, la magistrada expresó que, referenciando la normativa mencionada por el propio Feijóo en su solicitud, accede a que su testimonio se produzca en forma telemática desde el Congreso, en las condiciones establecidas por la ley.
La causa judicial se centra en esclarecer las circunstancias que rodearon la gestión del episodio meteorológico extremo que ocasionó 230 fallecimientos en la provincia de Valencia. Feijóo fue citado a instancias de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, entidad que ejerce la acusación particular y promovió su comparecencia como testigo. De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, la jueza fundamentó su decisión señalando que la declaración del líder del PP podría aclarar los comentarios realizados el 29 de octubre de 2024 por el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el marco de conversaciones mantenidas con Salomé Pradas, quien ostentaba el cargo de consellera de Justicia e Interior y figura como investigada en este procedimiento.
La audiencia de testigos está planificada para el 9 de enero a las 9:30 horas, fecha fijada por el juzgado. La resolución judicial enfatiza igualmente que la autorización para declarar a distancia no impide a Feijóo asistir presencialmente a la sede judicial si así lo prefiere en el momento señalado. Según consignó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza comunicó que la opción telemática se otorga de acuerdo con la petición del propio testigo y las prerrogativas establecidas por la ley para los representantes parlamentarios, apuntando que "no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".
El procedimiento penal indaga responsabilidades sobre la transmisión y recepción de información durante la emergencia generada por la Dana. Entre los aspectos que la jueza busca esclarecer se encuentran los flujos de comunicación entre autoridades autonómicas y responsables de justicia e interior, así como las actuaciones emprendidas. Según indicó el Tribunal Superior de Justicia, la comparecencia de Feijóo podría proporcionar detalles relevantes relacionados con los intercambios y decisiones adoptadas en las horas posteriores al fenómeno meteorológico que provocó víctimas mortales y amplios daños materiales en distintas zonas del territorio valenciano.
El tribunal aceptó la petición de la acusación particular, que consideró necesaria la intervención de Feijóo para arrojar luz sobre los hechos en investigación. De acuerdo con lo publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la diligencia de declaración se inscribe dentro del esfuerzo judicial por establecer la secuencia de notificaciones, alertas y respuestas oficiales durante la jornada en que se produjo la catástrofe.
En la causa están siendo investigadas diversas autoridades que tuvieron participación en la gestión de la emergencia, como la exconsellera Salomé Pradas. La jueza justificó la llamada a declarar de Feijóo en su posible conocimiento de los comentarios realizados por Carlos Mazón, basándose en las conversaciones mantenidas el día de los hechos, según la información recibida por el juzgado. El Tribunal Superior de Justicia puntualizó que la intervención del presidente del Partido Popular en calidad de testigo contribuirá a la valoración global de las actuaciones administrativas y políticas adoptadas antes, durante y después del episodio que resultó en 230 muertes confirmadas en la provincia de Valencia, el 29 de octubre de 2024.
El proceso judicial continúa analizando las actuaciones y comunicaciones oficiales vinculadas al desastre, en un procedimiento que aún no ha dictado resoluciones definitivas ni señalado responsables concretos entre las autoridades autonómicas y estatales implicadas en la emergencia.
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