El senador demócrata Mark Kelly advierte de que los ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

La instrucción directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de “matar a todos” durante una operación militar en el Caribe es uno de los puntos centrales de una controversia que ha derivado en investigaciones parlamentarias en Estados Unidos. Según información de The Washington Post, este mandato específico habría sido emitido en el marco de una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de estar vinculadas al narcotráfico, resultando en la muerte de más de ochenta personas desde el 2 de septiembre. Estos hechos han generado escrutinio en el Congreso estadounidense acerca de la legalidad de las órdenes impartidas, así como de la posible transgresión del derecho internacional, abriendo el debate sobre la conducta militar del país en operaciones extraterritoriales.

De acuerdo con CNN y otros medios estadounidenses, la preocupación legislativa y de la opinión pública ascendió luego de que se conociera el detalle de un segundo ataque llevado a cabo ese mismo 2 de septiembre. Según consignó CNN, tras comprobarse que el primer bombardeo a un bote identificado no había resultado letal para todos los ocupantes, se habría ordenado una nueva acción armada con el objetivo de eliminar a los sobrevivientes. La revelación de este procedimiento encendió el debate político en Washington, impulsando a legisladores demócratas y republicanos a reclamar explicaciones e iniciar una pesquisa para determinar si las órdenes y actuaciones en estos episodios respetaron los lineamientos legales nacionales e internacionales, o si podrían constituir crímenes de guerra.

El senador demócrata Mark Kelly, exoficial de la Armada de Estados Unidos, se pronunció al respecto en declaraciones replicadas por CNN. Kelly, quien durante su carrera militar participó en la destrucción de buques enemigos, expresó que nunca habría obedecido una orden de reatacar una embarcación si existían fundamentos para considerar su ilegalidad en el marco del derecho de guerra. Kelly subrayó esta postura recordando su experiencia personal y, consultado puntualmente sobre si habría acatado una orden de estas características, respondió enfáticamente: “No. No”.

El mismo medio especificó que la controversia se intensificó tras la difusión de información que implicaba a altos mandos, en particular la supuesta directiva de Hegseth, como parte de una cadena de mandos que habría sobrepasado los límites legales. Estas acusaciones, documentadas tanto por The Washington Post como por CNN, han situado en el centro del debate político nacional la naturaleza y la legitimidad de las operaciones armadas llevadas a cabo en puntos estratégicos del Caribe y el Pacífico por fuerzas estadounidenses. El saldo de más de ochenta muertes —según estas fuentes, principalmente personas vinculadas a actividades de narcotráfico— y la falta de claridad en los criterios de selección de objetivos motivaron la exigencia de controles institucionales más estrictos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió a las denuncias negando “haber dado la orden en esos términos” y calificó la información publicada como “falsa, incendiaria y peyorativa”, según CNN. Hegseth defendió que la actuación de las fuerzas armadas estadounidenses en tales operativos respetó la normativa interna y el derecho internacional que regula los conflictos armados, insistiendo en que las acusaciones buscarían desacreditar a los efectivos militares. En sus declaraciones, también recuperadas por CNN, mencionó: “Estas informaciones buscan desprestigiar a nuestros sensacionales guerreros que combaten por nuestra seguridad”.

The Washington Post y CNN detallaron que la secuencia de operaciones iniciada el 2 de septiembre representó una intensificación de las acciones militares estadounidenses contra embarcaciones consideradas parte de redes internacionales de tráfico de drogas. Ambos medios reportaron que la polémica no solo radica en el número de víctimas, sino en la naturaleza de las órdenes emitidas y la transparencia en la toma de decisiones tácticas. Varios sectores consideran que se requiere mayor vigilancia institucional y rendición de cuentas, tanto respecto a la cadena de mando como a la protección de los derechos fundamentales incluso en contextos de combate.

Estos sucesos propiciaron pronunciamientos públicos en el Congreso. Mark Kelly, junto a otros cinco legisladores demócratas, difundieron un video en el que recordaron a los efectivos militares su obligación legal de rechazar órdenes que contravengan la legislación internacional, conforme consignó CNN. Esta posición provocó una reacción del expresidente Donald Trump, quien criticó la iniciativa, considerándola como una amenaza a la autoridad presidencial sobre las fuerzas armadas y su capacidad de conducir operaciones en defensa de la seguridad nacional.

CNN también informó que dos senadores, Roger Wicker del Partido Republicano y Jack Reed del Partido Demócrata, anunciaron la apertura de investigaciones independientes para determinar la legalidad del comportamiento militar desde septiembre. El objetivo central de estas pesquisas es clarificar si las acciones y órdenes ejecutadas por el personal militar estadounidense respondieron al marco jurídico vigente y a las obligaciones internacionales asumidas por el país. Entre los aspectos a examinar, la comisión parlamentaria dedicada revisará la cadena de mando, las circunstancias en que se impartieron las órdenes, y el grado de acatamiento o resistencia a instrucciones que pudieran haber sobrepasado los umbrales permitidos por la legalidad internacional.

La atención también se ha centrado en los mecanismos de control y garantías parlamentarias respecto al poder del Ejecutivo en operaciones armadas en el exterior. CNN destacó que el análisis de estas prácticas involucra el examen de los procedimientos internos, el nivel de transparencia institucional y la protección de los derechos humanos como ejes fundamentales del proceso de investigación. Representantes de la sociedad civil han sumado su demanda de esclarecimiento, elevando las solicitudes de rendición de cuentas por parte de los responsables directos e indirectos de las operaciones bajo sospecha.

La serie de episodios iniciados en septiembre se ha convertido, según The Washington Post y CNN, en símbolo del debate sobre el alcance de la política exterior de Estados Unidos y la conducta de sus fuerzas armadas en escenarios internacionales. Las investigaciones abiertas avanzan en paralelo a una discusión pública marcada por el cuestionamiento sobre la obediencia debida, la integridad del marco jurídico y la responsabilidad de quienes ordenan y ejecutan misiones en zonas de alto riesgo y sensibilidad geopolítica.