Policías sobre difundir la nacionalidad de detenidos: "Transparencia sí, pero sin alimentar discursos de confrontación"

Las discusiones recientes en el ámbito policial han reflexionado sobre problemas estructurales como la escasez de personal, la insuficiencia de recursos y el aumento de agresiones contra agentes, abriendo un debate por la decisión del Gobierno Vasco de incluir la nacionalidad de los detenidos en los partes policiales. Según detalló Europa Press, diversas asociaciones profesionales del sector han señalado que el foco informativo sobre el origen geográfico de los arrestados no solo corre el riesgo de desviar la atención de estos retos sino que puede llevar a interpretaciones simplificadas del fenómeno delictivo y alimentar discursos de confrontación social.

De acuerdo con el análisis publicado por Europa Press, los voceros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han manifestado que, si bien valoran la inclusión de la nacionalidad en los informes de la Ertzaintza como una medida de transparencia, ven necesario advertir que la comunicación institucional y pública debe evitar centrar el debate exclusivamente en este dato. En palabras de representantes de la AUGC, el esclarecimiento de la delincuencia exige abordar causas estructurales y sociales más amplias, para que la información disponible no termine distorsionando la comprensión sobre el conjunto de la problemática y conduzca a soluciones ineficaces. La AUGC, que tiene representación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, destacó a Europa Press que consideran la iniciativa vasca “un paso valiente”, pero señalan que es imprescindible transmitir la realidad delictiva desde múltiples perspectivas y con rigor.

El reciente acuerdo del Gobierno Vasco para incorporar la nacionalidad de arrestados en los reportes de la policía autónoma ha provocado respuestas diversas entre sindicatos, asociaciones policiales y autoridades gubernamentales. Entre las declaraciones recogidas por Europa Press, la AUGC advierte de que “desviar el foco hacia el origen de la persona detenida solo genera lecturas simplificadas que no aportan soluciones reales”. Estos portavoces subrayan el peligro de que una presentación parcial de la información se utilice para alimentar intereses políticos o sociales orientados a la confrontación, en vez de sustentar intervenciones preventivas eficaces.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó ante el Congreso de los Diputados sus reservas sobre la pertinencia de incluir en los informes policiales datos como la nacionalidad, el documento de identidad, el pasaporte o el lugar de nacimiento para la prevención del delito. Europa Press reportó la intervención de Grande-Marlaska, quien sostuvo: “No voy a criticar la postura, pero desde la evidencia científica y lo que me dicen mis asesores no entiendo que la nacionalidad, el DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito”. El ministro recalcó que la criminalidad suele vincularse en mayor medida a condiciones de vulnerabilidad social antes que a cuestiones ligadas al origen individual, e insistió en la importancia de preservar la dignidad de las personas y evitar su estigmatización.

Tal como informó Europa Press, las asociaciones y sindicatos policiales mantienen que la lucha contra la delincuencia debe apoyarse en el análisis de factores estructurales y sociales: cuestiones como el acceso a oportunidades, la inclusión social o la situación económica. Los portavoces de la AUGC especificaron a Europa Press que la divulgación de la nacionalidad, cuando no se acompaña de otros datos como tasas de reincidencia, distribución global de delitos o tipos delictivos, puede llevar a la opinión pública interpretaciones distorsionadas. “La información debe ser completa, no piezas sueltas que se presten a interpretaciones interesadas”, enfatizaron desde la AUGC.

El sindicato Jupol, que agrupa a agentes de la Policía Nacional, valoró el primer informe estadístico de la Ertzaintza sobre el origen geográfico de responsables de delitos en el País Vasco como una contribución positiva a la transparencia institucional, detalló Europa Press. Voceros de Jupol expresaron que “informar con datos objetivos sobre la realidad de la delincuencia es un paso valiente que contribuye a un debate público más maduro y basado en hechos, y no en percepciones o rumores”. El sindicato añadió que la divulgación responsable de información estadística podría establecer un referente para las fuerzas policiales de otras comunidades autónomas, siempre que los procedimientos respeten derechos fundamentales y se desarrollen con rigor.

Según lo recogido por Europa Press, tanto AUGC como Jupol explícitamente respaldan el acceso transparente a los datos policiales, aunque coinciden en la advertencia de que la nacionalidad nunca debe presentarse como el único o principal marcador en la información pública sobre delitos. Las fuentes consultadas reiteran que las principales dificultades del trabajo policial residen en la falta de plantillas, la escasez de recursos, el aumento de la violencia dirigida hacia agentes y el escaso reconocimiento en el ámbito profesional. Desde la AUGC, se insiste en que un enfoque centrado solo en la procedencia de los detenidos puede enmascarar la complejidad real del delito y dispersar el esfuerzo de intervención sobre otros aspectos operativos o sociales de mayor incidencia.

Europa Press abundó en el consenso entre sindicatos y asociaciones: la transparencia se considera una herramienta básica para fortalecer la legitimidad y generar confianza en la labor policial, siempre que se ejerza de modo responsable y sin sacrificar la protección de los derechos individuales. Las posiciones mayoritarias subrayan que la objetividad y el rigor tecnológico y estadístico deben guiar la adopción de protocolos y sistemas de reporte en cualquier otro territorio, siguiendo el modelo vasco pero con salvaguardas claras para prevenir malos usos de la información.

Las declaraciones de las fuentes consultadas por Europa Press dejan ver que el debate abierto se estructura en torno a dos grandes ejes: por un lado, la aspiración a reforzar la legitimidad de las fuerzas de seguridad mediante el acceso a datos y la rendición de cuentas, y, por otro, la cautela ante el riesgo de reforzar estigmas o contribuir a divisiones sociales mediante el tratamiento simplificado de la información sobre el origen de los detenidos. La protección de la dignidad de las personas, el respeto al pluralismo y la proporcionalidad en el uso de informes policiales emergen como principios transversales tanto en la agenda profesional de las asociaciones como en las posiciones institucionales del Gobierno y de los sindicatos representativos.