El Ministerio de Función Pública ha otorgado competencias plenas por primera vez a los gobiernos autonómicos de Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña, quienes este sábado gestionan de forma integral la selección y formación de nuevos funcionarios locales habilitados nacionales. De acuerdo con El País, esta colaboración sin precedentes coincide con la realización simultánea de pruebas selectivas en cuatro puntos del país: Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Toledo, donde 4.853 aspirantes buscan asegurar una de las 1.000 plazas ofertadas.
Esta convocatoria, de carácter extraordinario y adicional respecto a la oferta habitual de empleo público, responde tanto a la presión acumulada por las vacantes sin cubrir como al objetivo de adaptar la administración local a las necesidades específicas de cada comunidad. Según informó El País, las plazas se distribuyen en 584 para secretarios-interventores, 102 para secretarios y 314 para interventores-tesoreros, reflejando un diagnóstico conjunto de carencias en los gobiernos locales.
Según el Ministerio de Función Pública, la descentralización de las pruebas permite a los opositores realizar tanto los exámenes como la formación posterior dentro de la comunidad autónoma donde residen. El horario de las pruebas se ha establecido a las 10:00 en la península y a las 9:00 en Canarias, siguiendo el huso horario local, lo que facilita la movilidad y el arraigo profesional de los candidatos en sus territorios de origen. El medio El País subrayó que esta disposición logística busca, además, promover la integración de los futuros funcionarios en los entornos para los que serán destinados.
El País detalló que la organización y supervisión de todo el proceso recaen en un modelo de cogobernanza, donde ministerio y gobiernos autonómicos coordinan cada etapa, desde el registro de los aspirantes hasta la publicación de resultados y la gestión de los cursos formativos. Las tres autonomías firmaron recientemente un convenio con el Ministerio de Función Pública, lo que les otorga potestad para organizar la totalidad del proceso selectivo y formativo, marcando un cambio sustancial en la administración pública local española.
El sistema nacional de habilitación, según el Ministerio, garantiza que los funcionarios seleccionados puedan ejercer donde existan necesidades de personal, respetando la equidad territorial en el acceso al empleo público y fomentando la profesionalización de la gestión municipal. Como publicó El País, el nuevo marco permite una asignación más precisa de plazas al contemplar las demandas identificadas desde las propias comunidades, con el objetivo de mejorar la correspondencia entre oferta y demanda en el sector público.
El cuerpo de funcionarios resultante asumirá tareas fundamentales en secretarías, intervenciones y tesorerías de entidades locales. Estas funciones incluyen la supervisión administrativa, la garantía de transparencia procedimental y el control del gasto de los ayuntamientos. Según las fuentes institucionales consultadas por El País, cubrir estos puestos con personal cualificado es clave para asegurar la legalidad y el buen funcionamiento de las instituciones municipales en todas las regiones.
El modelo probado en esta convocatoria extraordinaria aspira a convertirse en referencia para futuros procesos de empleo público y transferencias competenciales en recursos humanos, según describe el reporte de El País. Además de descentralizar la realización de exámenes, el acuerdo interadministrativo ofrece a las comunidades autonomía para definir contenidos formativos, adaptar la dotación de plazas a las necesidades locales y profesionalizar los equipos técnicos según criterios propios.
El Ministerio de Función Pública enfatizó que la experiencia servirá para consolidar modelos de cogobernanza entre Estado y autonomías en la gestión del acceso a la administración, incrementando la eficiencia y ajustando la respuesta institucional a los retos demográficos y organizativos del país. Reportó El País que, mediante la flexibilidad y la adaptación regionales, las pruebas podrían acortar los plazos de incorporación del personal y fortalecer el arraigo de los empleados públicos en sus respectivas comunidades de destino.
El proceso, tal como indicó El País, está estructurado en etapas claramente diferenciadas para asegurar la transparencia y la garantía de igualdad, mérito y capacidad de los seleccionados. Los aspirantes que superen cada fase podrán completar la formación sin necesidad de desplazarse fuera de su comunidad, lo que contribuye a la retención de talento y la consolidación de equipos en el ámbito local y autonómico.
El operativo de este sábado, informó El País, representa el mayor despliegue logístico y organizativo registrado en un solo día para el acceso a la función pública local con habilitación nacional. Supone, así, un experimento de futuras fórmulas de colaboración intergubernamental y descentralización en la selección y gestión de recursos humanos para la administración española. La experiencia sentará un antecedente en el modo de afrontar la cobertura de puestos clave dentro de las entidades locales, orientando la profesionalización y adaptación a la diversidad regional del país.
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