El Supremo imputa a Eduardo Bolsonaro por intentar entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre

Eduardo Bolsonaro utilizó sus declaraciones y actividad pública para impulsar la imposición de sanciones desde Estados Unidos contra altos funcionarios judiciales brasileños, según una denuncia presentada por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo de Brasil. De acuerdo con el mismo tribunal, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro procuró beneficiar a su padre, quien se encuentra cumpliendo una sentencia de más de 27 años de prisión, valiéndose de maniobras que buscaban desacreditar y ejercer presión sobre el proceso judicial contra el exmandatario. Esta acusación sucede en un marco de fuerte tensión diplomática entre Brasilia y Washington, contexto en el que Eduardo Bolsonaro habría intentado influir en autoridades estadounidenses para que tomaran represalias políticas y económicas contra miembros del sistema judicial brasileño.

Tal como publicó el medio original, el Tribunal Supremo de Brasil procesó a Eduardo Bolsonaro tras la denuncia de la Fiscalía, que lo señaló junto al bloguero Paulo Figueiredo por tratar de minar la confianza en las instituciones judiciales brasileñas desde territorio estadounidense. El proceso judicial se centra particularmente en las acciones relativas al juez Alexandre de Moraes, quien instruyó la causa por el golpe de Estado en la que Jair Bolsonaro fue encontrado culpable tras agotar todas las instancias legales de apelación. Este juez también determinó en agosto el arresto domiciliario del expresidente, un mes antes de que se dictara la condena definitiva.

Según detalló la acusación fiscal, Eduardo Bolsonaro promovió, basándose en sus propias declaraciones públicas, la adopción de sanciones desde la administración de Estados Unidos contra funcionarios brasileños, entre ellos el magistrado De Moraes. La denuncia remarca que esas acciones, desplegadas cuando Eduardo se encontraba en Estados Unidos, buscaban erosionar la legitimidad y autoridad del sistema judicial de Brasil en un momento crítico del proceso penal contra su padre.

El medio consignó que el periodo en que Eduardo Bolsonaro permaneció en Estados Unidos coincidió con una etapa de notables tensiones diplomáticas entre Brasil y ese país. Se produjeron episodios como la imposición de aranceles a productos de exportación brasileños, la aplicación de sanciones y la retirada de visados, además de pronunciamientos críticos del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, respecto al desarrollo del proceso judicial enfrentado por Jair Bolsonaro.

En ese contexto, según la información publicada, la estrategia de Eduardo incluyó el aliento a actores políticos y autoridades en Washington para que tomaran medidas que presionaran al gobierno de Brasil, particularmente en lo que refiere a los procedimientos judiciales sobre su padre. Según el Tribunal Supremo, este comportamiento constituyó un intento de entorpecer y desacreditar la actuación de los órganos judiciales, afectando la independencia de los procesos en curso.

El medio informó además que la investigación contra Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo se enmarca en un contexto de prolongada polarización política en Brasil, donde las causas por intento de golpe de Estado y las respectivas responsabilidades penales han generado múltiples fricciones dentro del espacio político y en las relaciones internacionales del país.

Jair Bolsonaro comenzó a cumplir su condena de más de veintisiete años de prisión en la última semana, después de que todas las instancias posibles de apelación fueron agotadas, según consignó el medio. Su situación deriva de la sentencia emitida en la causa sobre su implicación en el intento de derrocamiento del gobierno democrático, proceso que estuvo dirigido por el juez De Moraes. La decisión de establecer primero el arresto domiciliario y después dictar la sentencia condenatoria se basó, según el Tribunal Supremo, en la gravedad de los hechos y el riesgo para las instituciones del estado de derecho.

El informe publicado aclara que el juzgamiento al hijo del expresidente está anclado en la responsabilidad penal por sus intervenciones públicas y por el supuesto uso de plataformas en territorio extranjero para fomentar un clima adverso contra las autoridades judiciales brasileñas. La Fiscalía sostiene que la conducta de Eduardo Bolsonaro buscó incidir de manera directa en el desarrollo del proceso penal, interfiriendo en la impartición de justicia al tratar de desacreditar figuras clave del sistema judicial.

El mismo tribunal notificó que la situación de Eduardo Bolsonaro sigue bajo análisis y que la justicia examina las eventuales consecuencias de sus acciones, tanto en el plano judicial como en el de las relaciones internacionales del país. La investigación continúa abierta e involucra también a otros actores acusados de promover campañas de desinformación y de participar en intentos de obstrucción del accionar de la justicia, detalló el medio.