Bogotá, 20 may (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó este martes las condenas contra dos exaltos cargos del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (200-2010) por espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados.
El tribunal confirmó las condenas contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno Villegas, quienes habían presentado un recurso de impugnación especial para revocar sus sentencias condenatorias de abril de 2015.
Hurtado, exjefa de los servicios de inteligencia de Colombia, fue condenada por el escándalo de las escuchas ilegales, ocurrido entre agosto de 2007 y octubre de 2008, periodo durante el cual dirigió el ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta).
Junto a Hurtado, la Corte sentenció en esa ocasión a ocho años de reclusión a Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Uribe y estuvo también involucrado en la misma trama.
Ambos fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía probó que, durante la gestión de Hurtado, el DAS infiltró a la Corte Suprema de Justicia y ordenó la instalación de dispositivos que grabaron las sesiones de Sala Plena.
De esta forma, obtuvo información sobre las discusiones jurídicas que los magistrados de esa corporación sostuvieron en la antesala de la emisión de decisiones cruciales en los procesos que investigaban los vínculos de congresistas, algunos cercanos a la Presidencia de la República, con grupos armados al margen de la ley, añadió la información.
También la policía secreta reclutó a empleados y personal de seguridad de la Corte que entregaron información personal de los magistrados y auxiliares, con la que formó un "banco de datos de consulta permanente y diseñó el perfil político de los dignatarios".
La Sala Penal consideró que la Fiscalía probó la existencia de los hechos y la responsabilidad de Hurtado y de Moreno en esos delitos y no encontró motivos razonables que conllevaran su revocatoria, como lo pedían los condenados.
Igualmente, la corte señaló que sí hubo un acuerdo entre exfuncionarios para adelantar labores ilegales de inteligencia desde el DAS que "incluyó incluso el uso de gastos reservados para pagar testigos que contribuyeran a desprestigiar a blancos definidos con anterioridad".
Moreno fue vinculado a una reunión en la que se dieron instrucciones para desplegar las irregularidades desde el organismo de seguridad. Era, según la información, quien daba "órdenes ejecutivas a la dirección del DAS y evaluaba los resultados de las tareas de inteligencia conforme al interés del Gobierno".
Esta trama de espionaje se extendió durante gran parte de los dos Gobiernos de Uribe, y sus objetivos fueron magistrados, políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas. EFE
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