Perú busca prevenir uso indebido de fentanilo, que es sancionado con 25 años de prisión

Lima, 15 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú buscan prevenir el uso indebido del fentanilo en el país y recordaron que el tráfico ilícito de esta droga recibe condenas de 15 a 25 años de cárcel, informó el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado.

Al respecto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) convocó a los representantes de los laboratorios fabricantes y empresas importadoras "para unir esfuerzos en la prevención del uso indebido de dicho estupefaciente".

La convocatoria busca evitar que se produzcan casos de adicción y mortalidad asociada a esta droga, cuya "problemática a nivel internacional demanda acciones conjuntas y preventivas", según remarcó el Minsa.

Al respecto, la jefa de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la Digemid, Ysabel Gutiérrez, informó que el fentanilo se usa en Perú como anestésico en las salas de operaciones, por lo que se ha propuesto considerar la fabricación e importación de frascos de menor cantidad para mejorar su control.

"Una presentación de menor volumen permitirá emplear la cantidad necesaria para cada paciente y evitar que los sobrantes sean usados de manera indebida o destinados al tráfico ilícito. La Digemid brindará las facilidades para este cambio de presentación y gestionará los registros sanitarios y permisos necesarios", explicó.

El Minsa aseguró que las empresas convocadas expresaron su voluntad de sumarse a esta iniciativa para mejorar el uso adecuado de la droga y harán consultas para contar con una nueva presentación de menor volumen.

Durante la reunión, representantes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior explicaron la problemática regional del fentanilo y su regulación en Perú, e informaron que el tráfico ilícito de esta droga conlleva penas de prisión entre 15 a 25 años en el país.

La mesa de trabajo sobre la 'Prevención del uso inadecuado del fentanilo' es liderada por el Minsa y en ella participan el Ministerio del Interior y la agencia de lucha contra las drogas Devida, además de organismos sanitarios y académicos, y los colegios profesionales de médicos y químicos farmacéuticos. EFE