San Salvador, 11 dic (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó este miércoles un acuerdo firmado con Cuba para el cumplimiento de penas de prisión en los países de origen de las personas condenadas.
El acuerdo, firmado el pasado 15 de octubre por representantes de ambos Estados, fue ratificado con 56 votos de los 60 diputados que forman el Órgano Legislativo salvadoreño, de mayoría oficialista.
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De acuerdo con el decreto legislativo aprobado, este acuerdo "será de beneficio para ambas naciones en el sentido de promover una mejor administración de justicia y una colaboración mutua en materia de cooperación judicial".
Indica que el acuerdo busca que los Gobiernos de El Salvador y Cuba se comprometan a "conceder una amplia cooperación, en materia de ejecución de sentencias penales de personas condenadas a privación de libertad, animadas por el deseo de facilitar la readaptación de los reos, permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del cual son nacionales".
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El referido acuerdo establece que, para que una persona de nacionalidad salvadoreña o cubana cumpla una pena de prisión en su país de origen, debe existir "sentencia condenatoria firme y definitiva".
Además, el condenado debe dar "su consentimiento al traslado, de manera libre y voluntaria", y el delito por el que fue condenada también debe constituir delito en el Estado Receptor.
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De igual forma, el acuerdo prescribe que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de realizar la solicitud de traslado debe ser de por lo menos de seis meses y que la sentencia "no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor".
De acuerdo con el Congreso salvadoreño, este es el tercer acuerdo de este tipo que suscribe el país, los anteriores fueron con Argentina y Costa Rica.
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“Esta ratificación presenta un paso importante para la cooperación jurídica internacional, garantizando el respeto a la dignidad humana y todos los derechos que ellos tienen”, dijo el martes la jefa de Negociación y Tratados de la Cancillería salvadoreña, Margareth Meza, ante una comisión que dio luz verde a la votación. EFE
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