Lima, 12 ago (EFE).- El Ministerio Público de Perú rechazó este lunes la ley sobre el delito de lesa humanidad y crímenes de guerra porque atenta contra la defensa de los derechos humanos, al interponerse a los estándares internacionales, y vulnera la autonomía e independencia de los jueces.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Fiscalía rechazó la norma, promulgada por el Congreso, porque tendrá "un impacto negativo" en la tramitación de procesos judiciales en casos de especial gravedad como Madre Mía, Humaya, Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha, Galván Borja, entre otros.
Asimismo, en los casos Soras, Pichari, Ventocilla, Las Gardenias, Tabalosos, Chuschihuico en investigación judicial, además los casos Chuschi, Huanta 84, Huancapi, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Sobres Bomba, Accomarca, Hilario Trucios, Cantuta Pativilca, José Navarrete, Umasi Raccaya, Mamérita Mestanza, entre otros en juicio oral.
De la misma forma, los casos con sentencia como Chumbivilcas, Chuschi I, Totos, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Comando Rodrigo Franco, Martín López y otros, Leonor La Rosa, entre otros.
El Ministerio Público también rechazó que la nueva ley vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados, pues impide que la Fiscalía ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito.
En tal sentido, manifestó su preocupación por las consecuencias negativas de la norma que puede hacer pasibles de responsabilidad administrativa a los fiscales, y habilita la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Control ejerza un control disciplinario de sus decisiones.
Advirtió a la ciudadanía que esta ley "frustra" las investigaciones y los procesos en los que interviene la Fiscalía y perjudica el trabajo que se venía desarrollando ante las instancias judiciales y genera una "grave situación de impunidad" frente a las víctimas y sus parientes.
La Fiscalía planteó ejecutar, mediante el fiscal de la nación, la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de conformidad con la Constitución Política y el Código Procesal Constitucional, entre otras normas vigentes. EFE
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