El Consejo Presidencial de Haití se enfrenta a duros retos dentro de un panorama sombrío

Puerto Príncipe, 26 abr (EFE).- El Consejo Presidencial de Transición de Haití afrontará grandes desafíos ante la coyuntura que atraviesa el país, rehén de bandas armadas y marcado por el fracaso del gobierno del recién dimitido primer ministro Ariel Henry, que en 30 meses en el poder no logró encauzar la grave crisis haitiana.

Compuesto por nueve miembros, siete de los cuales tienen derecho a voto, el órgano es consciente de los retos y el "sombrío panorama" que tiene por delante, reconoció el primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert, durante la ceremonia de investidura celebrada el jueves en dos actos, uno en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe y otro en el despacho del primer ministro, conocido como la Primature.

"La vida huye de nuestro país porque la situación es muy grave (...) La situación interpela a todos los ciudadanos de Haití, estén donde estén. La situación nos llama a elevarnos por encima de nosotros mismos y a cambiar de paradigma", subrayó Boisvert.

Las estructuras institucionales del Estado haitiano, "debilitadas por décadas de inestabilidad política, han sufrido un colapso espectacular. No sólo la calidad, sino la existencia misma de los servicios públicos ofrecidos a nuestra población se ha visto comprometida", añadió Régine Abraham, integrante del Consejo.

El órgano transitorio abordará cinco grandes proyectos, consistentes en restablecer la seguridad pública, organizar una conferencia nacional y reforma constitucional, celebrar elecciones generales democráticas, creíbles y participativas; restablecer la justicia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y lograr la recuperación institucional y económica.

La situación de seguridad del país se empezó a deteriorar en el 2018, con un aumento de los secuestros, ataques armados, violaciones y robos a civiles perpetrados por grupos armados que han cometido al menos 20 masacres desde entonces. La situación se agravó aún más con el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.

Las bandas han ido ganado poder, han adquirido más armas y municiones, y el pasado febrero se unieron para formar la coalición criminal "Vivre Ensemble» (Vivir Juntos), dirigida por el expolicía Jimmy Cherizier, alias Barbecue, que comandó la "revolución" que obligó a Ariel Henry a abandonar el poder.

Desde febrero, su violencia se intensificó, destruyendo cárceles, hospitales, comisarías, farmacias y viviendas, saqueando instituciones privadas y públicas, acciones que han afectado a todos los ámbitos de la sociedad.

En los tres primeros meses del año, al menos 2.505 personas murieron o resultaron heridas, según cifras de la ONU, y más de 90.200 personas han sido desplazadas y viven en condiciones inhumanas en 85 emplazamientos del área metropolitana de Puerto Príncipe, controlada al menos en un 80 % por bandas armadas.

Restablecer la seguridad es una condición sine qua non para la consecución de todos los demás objetivos y eso supone erradicar a las bandas armadas, entre 200 y 300, que operan en el país, impidiendo, entre otras cosas, la libre circulación de personas y mercancías.

La recuperación económica es imposible sin la estabilidad y el restablecimiento de la seguridad, algo que pasa, necesariamente, por reforzar la Policía Nacional Haitiana.

Haití no ha celebrado elecciones desde 2016, tras finalizar el mandato de Michel Martelly, comicios de los que salieron los últimos cargos democráticamente elegidos en el país, incluido el asesinado presidente Jovenel Moise. Tras su muerte en julio de 2021, el país carece de representantes electos, ni presidente ni senadores ni diputados ni alcaldes.

Jovenel Moise debía organizar elecciones tras cambiar la Constitución, pero no tuvo tiempo de hacerlo y, tras el magnicidio, Henry ha dirigido el país durante más de 30 meses sin llegar a celebrar comicios debido a la situación de violencia.

El Consejo Presidencial de Transición tiene la encomienda de organizar elecciones para elegir presidente el 7 de febrero de 2026, es decir, 10 años después de la última convocatoria.

En el centro del proyecto electoral hay dos grandes cuestiones, la organización de la conferencia nacional y la reforma constitucional que deben preceder a los comicios bajo los auspicios de una nueva carta magna.

La celebración de elecciones debería permitir la restauración de las instituciones, en estado de colapso desde hace años, así como la autoridad del Estado, objetivos a lograr por el Consejo Presidencial de Transición en menos de dos años.

Milo Milfort