El Cairo, 24 abr (EFE).- Jordania intensificó en 2023 su represión a las libertades de expresión y asociación, particularmente a activistas y actores políticos, periodistas y población LGTBI, quienes además sufrieron hostigamiento y abusos impulsados por disposiciones legales y algunos miembros del Parlamento.
Así lo recoge el informe anual "La situación de los derechos humanos en el mundo" de Amnistía Internacional (AI) publicado hoy, que señaló también la mejora en la situación legal de las mujeres con la aprobación de una norma que habilita a las jordanas mantener su nacionalidad en caso de casarse con un extranjero, lo que antes estaba vedado, si bien éstas siguen sin poder dar la nacionalidad a sus hijas, hijos o esposo.
Asimismo, AI reconoció que Jordania acoge a más de 650.000 refugiados sirios, el 66% de los cuales vive bajo el umbral de la pobreza, además de dos millones de palestinos inscritos en la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA).
La organización denunció también la existencia de una Ley de Prevención del Delito vigente desde 1954 que permite detener administrativamente a cualquier persona considerada "un peligro para la sociedad", sin cargos y sin garantía de los derechos procesales.
También lamentó la pervivencia de penas de cárcel por deudas, una norma que vulnera el derecho internacional y que ha cobrado especial relevancia en el contexto del enorme desempleo y aumento del costo de la vida en el país árabe.
La "legislación abusiva e imprecisa" del país es la que permite la persecución de personas por expresarse en internet, con cargos como "socavar el régimen" o el "prestigio del Estado", leyes que en su mayoría han sido aplicadas contra activistas políticos y periodistas. EFE
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