Presidente tunecino nombra a los nuevos miembros de la Comisión de Conciliación Penal

Túnez, 12 mar (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, nombró este martes a los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Conciliación Penal, encargado de recuperar los más de 4.000 millones de euros (4.370 millones de dólares al cambio de hoy) que, asegura, se han expoliado desde el régimen de Zin el Abidine Ben Ali (1987-2011).

La Presidencia explicó en un comunicado que los nueve integrantes, que prestaron juramento pocas horas después de su nominación, cumplirán un mandato de seis meses, renovable una sola vez.

"Si quieren devolver el dinero del pueblo por su propia voluntad, mucho mejor, si quieren otra cosa, se atendrán a las consecuencias. Su responsabilidad es colosal e histórica", señaló el mandatario durante la ceremonia, en la que advirtió que se trata de "la última oportunidad, queremos justicia y no mantener a nadie preso".

A principios de este año, Said presentó una serie de enmiendas al decreto de conciliación penal después de considerar como insuficientes los resultados de la antigua directiva, nombrada en noviembre de 2022 y que ejerció durante 14 meses.

Según el nuevo texto, quienes recurran a este acuerdo con el Estado dispondrán de tres opciones: pagar la totalidad del importe en el momento, abonar el 50% y el resto en tres plazos o el pago del 50% con el compromiso de ejecutar al menos un proyecto de desarrollo cuyo coste equivalga al monto debido.

Los tratos alcanzados entre las dos partes serán presentados ante Presidencia, que los transmitirá a su vez al Consejo de Seguridad con el fin de aprobar, rechazar o revisar el monto a reembolsar. Una vez autorizado, el proceso judicial, sanción o sentencia será suspendida e incluso se otorgará su liberación en el caso de encontrarse detenido.

Sin embargo, durante este proceso, se ordenará una prohibición de abandonar el país y se pondrá al implicado bajo arresto domiciliario.

Hasta ahora, este organismo ha obtenido 26,9 millones de dinares (7,9 millones de euros) tras tramitar 14 acuerdos de una lista de 463 empresarios realizada en 2011 por la comisión nacional de investigación sobre casos de corrupción y malversación.

Este proyecto es uno de los grandes pilares del proyecto político de Said, que propone a los autores de delitos financieros- malversación de fondos públicos o propiedades del Estado, fraude fiscal, corrupción y lavado de dinero- reembolsar el dinero a cambio de computar las penas de prisión por inversiones en proyectos de desarrollo de regiones desfavorecidas.

Esta iniciativa es muy similar a la propuesta por su antecesor, el ahora fallecido Béji Caïd Essebsi, que fue duramente criticada por la sociedad civil al considerar que trataba de desviar el proceso de justicia transicional iniciado una década antes y que se encuentra en punto muerto.

Said, que llegó al poder en 2019 y se arrogó plenos poderes dos años más tarde "para preservar la paz social", gobierna por decreto desde entonces y en 2022 ratificó una nueva Constitución, votada en referendo pese a una abstención del 70 % y que instaura un régimen político ultrapresidencialista.